El Gobierno publicó un borrador de decreto para subir aranceles de importación de vehículos de combustión interna y motocicletas de países sin tratados de libre comercio, medida que provocó un fuerte rechazo del sector automotor. El texto, difundido el 7 de noviembre de 2025 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), propone gravámenes del 40% para automóviles y del 35% para motocicletas, aplicables a importaciones provenientes de países sin TLC, con una entrada en vigor prevista entre 15 y 90 días después de la publicación definitiva. En el anuncio figuran Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos desde diciembre de 2024, y la ministra Diana Morales, mientras que Jaime Cabal, presidente de Fenalco, junto al MinCIT, han pedido un debate público y un diálogo técnico para revisar el alcance de la medida. La iniciativa se enmarca en la política de reindustrialización verde del gobierno, orientada a desincentivar la importación de vehículos contaminantes y a promover la producción y el ensamble local de tecnologías limpias, para favorecer híbridos y eléctricos.
Según las cifras del registro automotor, Colombia tiene 19,861,831 vehículos, de los cuales las motocicletas suman 12,3 millones, es decir el 62%, frente a 7,3 millones de automóviles, camionetas, camiones y otros, que alcanzan el 37%. Las aranceles propuestos podrían encarecer aún más las importaciones desde Japón y China, países destacados en el borrador por su peso en el comercio de estos vehículos. Las ventas anuales de motocicletas nuevas se sitúan alrededor de 800.000 unidades y existen más de 11 millones de motos registradas en el país. La dependencia de combustibles fósiles para la energía se ubica en un 95,9%. Sobre el recaudo fiscal esperado, la DIAN no ha publicado estimaciones oficiales. Ante la propuesta, Andemos pidió un foro público y diálogo técnico para revisar el alcance del decreto, mientras Fenalco cuestiona la iniciativa y subraya la necesidad de una estabilidad normativa para atraer inversión; el gobierno sostiene que la medida busca desincentivar la importación de vehículos contaminantes y promover la producción y el ensamble local de tecnologías limpias, como híbridos y eléctricos.
Reacciones y contexto económico del borrador
La discusión se enmarca en antecedentes de propuestas para elevar aranceles de importación de vehículos de combustión interna y motocicletas provenientes de países sin TLC, que han sido objeto de críticas por afectar precios, oferta y libre competencia; el gobierno defiende la medida como parte de una reindustrialización verde. Ante la posibilidad de implementación en un plazo de 15 a 90 días, se anticipa un impacto en precios y disponibilidad de vehículos, con efectos directos sobre consumidores de menores ingresos y sobre trabajadores que utilizan motos como herramienta laboral, en un contexto de transición hacia tecnologías más limpias y producción local.
«en la práctica, penaliza el origen de los vehículos provenientes de países sin tratados de libre comercio con Colombia, afectando la libre competencia, el comercio internacional y el bolsillo de los consumidores» – Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos
«carece de sustento técnico y económico y representa un retroceso en los esfuerzos por renovar el parque automotor colombiano» – Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos
«improvisada y equivocada» – Jaime Cabal, presidente de Fenalco
«Colombia ha intentado mecanismos de protección arancelaria desde la década de 1950 para estimular la producción local. Los resultados demuestran que estas políticas no lograron consolidar una industria de gran escala, ni atraer la inversión necesaria para hacerla competitiva a nivel internacional» – Jaime Cabal, presidente de Fenalco
«En lugar de emprender iniciativas improvisadas, si Colombia realmente quiere atraer inversión masiva, no solo en el sector automotor, sino en cualquier ámbito estratégico, el Gobierno debería garantizar estabilidad jurídica, reglas claras, estables y confiables» – Jaime Cabal, presidente de Fenalco
Con el trasfondo de antecedentes que incluyen propuestas similares que enfrentaron críticas por afectar precios, oferta y libre competencia, el borrador llega en un momento en que se evalúa su posible implementación dentro del rango de 15 a 90 días; el impacto podría encarecer vehículos importados y reducir la oferta, afectando principalmente a consumidores de bajos ingresos y a trabajadores que usan motos como herramienta laboral. Se espera que el diálogo técnico y público constituyan un canal para ajustar o revisar el alcance del decreto, en un esfuerzo por equilibrar la reindustrialización verde con el acceso a la movilidad. Colprensa figura como fuente de crédito para estas informaciones, y la DIAN no ha publicado estimaciones oficiales sobre el recaudo esperado en esta etapa.
