El proyecto de decreto modifica diez disposiciones de la reglamentación expedida en julio pasado
Entre los cambios están permitir nuevamente el uso de puyas, banderillas y estoques durante la lidia, flexibilizar las condiciones para acreditar la tradición taurina y permitir el ingreso de niños a las plazas
El Gobierno Nacional puso a consideración ciudadana un proyecto de decreto que busca modificar buena parte de las condiciones establecidas en julio de 2026 para la realización de corridas de toros y otros espectáculos taurinos durante el período de transición hacia su prohibición definitiva en Colombia.
La propuesta, elaborada por los ministerios de las Culturas, las Artes y los Saberes y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modifica diez disposiciones del Decreto 0703 del 7 de julio de 2026, expedido durante la administración anterior.
Los cambios planteados tienen efectos sobre el uso de instrumentos durante la lidia, la participación de menores de edad, las competencias de los equipos veterinarios, las condiciones para realizar tientas y los requisitos que deben cumplir los organizadores para demostrar que existe una tradición taurina ininterrumpida.

¿Qué cambiaría?
Uno de los ajustes más significativos está relacionado con los instrumentos utilizados durante las corridas. El decreto vigente había prohibido el uso de elementos puntiagudos durante el espectáculo, además de establecer restricciones para el manejo de los animales.
El nuevo proyecto limitaría esa prohibición al cargue y descargue de los ejemplares, su transporte y su desplazamiento hacia los corrales y el área de lidia. En consecuencia, abriría nuevamente la posibilidad de utilizar durante la faena los instrumentos propios de las distintas suertes taurinas, entre ellos puyas, banderillas y estoques, conforme al Reglamento Nacional Taurino.
La prohibición de utilizar elementos puntiagudos o eléctricos para movilizar los animales antes de la lidia se mantendría sin excepciones.
Los menores podrían regresar a las plazas
Otro cambio importante está relacionado con los niños, niñas y adolescentes.
El Decreto 0703 había prohibido tanto su participación en actividades taurinas como su ingreso a las plazas en calidad de espectadores.
El nuevo texto propone recuperar las disposiciones de la Ley 916 de 2004. De esta manera, los menores que hayan cumplido 14 años podrían integrar cuadrillas taurinas, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad contempladas en los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia.
En cuanto al público, el proyecto establece que los menores de 10 años podrán ingresar a los espectáculos acompañados de un adulto. El documento no establece una prohibición general de ingreso para los mayores de esa edad que todavía no hayan cumplido 18 años.
Menos restricciones para demostrar la tradición taurina
La propuesta también modifica la manera de acreditar la continuidad de la tradición taurina en los municipios.
La reglamentación vigente estableció como criterio demostrar la realización de estos espectáculos desde 2010, mediante documentos y soportes de los permisos correspondientes a cada año.
El nuevo proyecto elimina esa exigencia probatoria específica y deja en manos de las autoridades territoriales la determinación de los documentos y demás pruebas que deberán presentar los organizadores.
Los alcaldes y las autoridades competentes deberán valorar esos elementos y establecer, mediante una decisión motivada, si efectivamente existe una tradición ininterrumpida.
La condición de tradición no desaparece: continúa siendo un requisito para autorizar los espectáculos.
Los veterinarios perderían capacidad de decisión sobre la suspensión de la lidia
También se modifica el alcance de las funciones de los equipos veterinarios.
El proyecto conserva la obligación de contar con un mínimo de tres médicos veterinarios o médicos veterinarios zootecnistas y dos auxiliares, quienes deberán vigilar las condiciones de salud y bienestar de los animales desde su llegada hasta su embarque final.
Sin embargo, establece expresamente que sus conceptos no constituirán por sí mismos órdenes de devolución o sustitución de los toros ni de suspensión del espectáculo.
La decisión deberá mantenerse dentro de las competencias que la Ley 916 de 2004 asigna al presidente de la corrida, la junta técnica y los demás responsables del espectáculo.
En caso de que un animal sea devuelto a los corrales y deba morir, el proyecto establece un procedimiento que exige aturdimiento eficaz, verificación de la pérdida de consciencia y supervisión veterinaria, con registro de las actuaciones. La finalidad declarada es evitar que se prolongue innecesariamente el sufrimiento.
Cambios para las tientas
Las modificaciones también alcanzan las tientas, prácticas utilizadas para evaluar y seleccionar reses bravas.
El Decreto 0703 había establecido restricciones sobre los lugares donde podían realizarse y su carácter de espectáculo público, además de limitar la presencia de asistentes.
El nuevo proyecto permitiría efectuarlas en predios pecuarios con registro sanitario vigente ante el ICA o en otros escenarios públicos que cuenten con los requisitos sanitarios y las autorizaciones correspondientes.
También eliminaría la prohibición general de realizarlas como espectáculo público y la limitación de asistentes. No obstante, establece que la presencia de público no podrá dar lugar a procedimientos adicionales sobre los animales con fines de entretenimiento o ajenos a su evaluación y selección.
Se mantendría la presencia continua de médicos veterinarios y las medidas de protección animal durante su desarrollo.
La prohibición definitiva sigue prevista para julio de 2027
El proyecto no modifica la fecha de entrada en vigor de la prohibición definitiva de las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas en Colombia.
La Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, estableció un período de transición de tres años, al término del cual estas prácticas quedarán prohibidas en el país, a partir del 22 de julio de 2027.
En la justificación del nuevo proyecto, el Gobierno argumenta que la reglamentación debe armonizar las medidas de protección y bienestar animal con las disposiciones de la Ley 916 de 2004, sin anticipar los efectos de una prohibición que fue establecida por el Congreso.
El documento también invoca el principio de confianza legítima y la necesidad de evitar que la reglamentación imponga condiciones adicionales a las previstas por el legislador.
Por ahora, se trata de una propuesta publicada para consulta ciudadana. Su contenido podrá recibir observaciones antes de que el Gobierno determine si expide el decreto definitivo.
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