El Gobierno de Colombia presentó un borrador de proyecto de ley para convocar una asamblea nacional constituyente de 71 delegados, con sesiones de tres meses y paridad de género, con la posibilidad de reformar la Constitución de 1991 sin disolver el Congreso. La iniciativa, anunciada el 23 de octubre de 2025, fue presentada por el Ejecutivo y ha suscitado el debate entre quienes apoyan la vía y quienes alertan sobre sus riesgos. En las especificaciones del texto, la convocatoria requeriría un proceso que pasaría por el Congreso, sería revisada por la Corte Constitucional y, de existir consenso, podría someterse a un referendo, además de exigir un umbral mínimo de 13 millones de votos afirmativos para ser válida.
La propuesta especifica que la asamblea estará integrada por 71 delegados y que sus sesiones tendrían una duración de tres meses. Reitera la necesidad de que haya paridad de género y establece que la convocatoria requerirá de 13 millones de votos afirmativos. El Gobierno sostiene que el proceso debe pasar por el Congreso, luego ser revisado por la Corte Constitucional y, si corresponde, culminar en un referendo para confirmar la convocatoria. Entre las voces que se han pronunciado están las del presidente Gustavo Petro y del constitucionalista Mauricio Gaona, cuyas declaraciones han estado difundidas en plataformas como X y en entrevistas radiales, alimentando el debate público.
Gustavo Petro dejó en claro que, según su lectura, la iniciativa busca garantizar derechos fundamentales ya consagrados en la Constitución de 1991, y cuestionó la interpretación de quienes observan riesgos de desbordes institucionales al confiar en un proceso constituyente. Por su parte, Mauricio Gaona sostuvo que, sin un marco claro, “sin él, no hay democracia, solo dictadura constitucional”, y advirtió que “existe una necesidad constitucional, internacional e institucional de mantener una congruencia mínima entre el motivo para hacer una ley o reformarla y el texto que se propone”. También señaló que “no hay un momento histórico en la nación que convoque esa reforma. Utilizan una exposición de motivos para reemplazar ese momento histórico, diferente a lo que ocurrió en el 91” y advirtió sobre la idea de una “Asamblea Popular Constituyente” que podría acercarse a una “dictadura constitucional plena”, recordando que “solo hay un límite: la no revocatoria del Congreso. Es una asamblea popular constituyente ilimitada sobre la cual se están eliminando no la Constitución solamente, sino el orden constitucional que la soporta.”
Impacto institucional y límites constitucionales
El debate está estrechamente vinculado a antecedentes jurídicos y políticos de la Constitución de 1991, como los artículos 376, que regula la reforma por ley y referendo; 113, sobre la separación de poderes; 121, relativa a la legitimidad de la función pública, y 4, que establece la supremacía de la Constitución. También se alude a la doctrina de sustitución de la Constitución recogida en la Sentencia C-551 de 2003 de la Corte Constitucional. La noticia se explica ahora por la publicación del borrador y la revelación de las posturas de Petro y Gaona, que han puesto sobre la mesa preguntas sobre el alcance de una asamblea constituyente y sus límites, así como las posibles consecuencias para la distribución de poder entre Ejecutivo y Legislativo y para los pilares del orden constitucional.
«No hay un momento histórico en la nación que convoque esa reforma. Utilizan una exposición de motivos para reemplazar ese momento histórico, diferente a lo que ocurrió en el 91» – Mauricio Gaona
La cobertura de este tema, publicada el 23 de octubre de 2025, recoge además las publicaciones en X de Mauricio Gaona y de Gustavo Petro, una entrevista en W Radio y los créditos de imágenes que incluyen @mauriciomatri/X, @DNP_Colombia/X, @petrogustavo/X y Andrea Puentes/Presidencia, con referencia a EFE. La iniciativa promete redefinir el escenario político y jurídico colombiano, generando un intenso diálogo sobre mecanismos de reforma constitucional y sus posibles impactos en la estabilidad institucional y en la confianza ciudadana.
