El gobierno nacional, a través de los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila, propuso eliminar la prima de servicios para los congresistas, lo que implicaría una reducción aproximada de 15 millones de pesos mensuales en sus salarios. Esta iniciativa, calificada como un acto de justicia y equidad, cuenta con el respaldo de la senadora Angélica Lozano, quien la celebra como un paso necesario para reducir la brecha salarial entre los legisladores y los ciudadanos comunes en Colombia. La medida aplicaría a partir del 20 de julio, justo cuando termina el actual período del Congreso el 19 de julio del próximo año.
La propuesta responde a demandas históricas de equidad y justicia social, vinculadas incluso a la consulta anticorrupción que surgió de esfuerzos previos por recortar privilegios. Lozano, quien desde 2015 ha presentado siete proyectos de ley para ajustar las remuneraciones de cargos públicos, destaca que en total se han impulsado 16 iniciativas de distintos partidos con el mismo fin, aunque intentos anteriores fallaron en el Congreso: el Senado las aprobó, pero la Cámara las hundió por no alcanzar el umbral requerido para una ley orgánica, relacionada con un decreto de 2013 que permitía esa prima.
El respaldo entusiasta de Angélica Lozano
La senadora Lozano, del partido Verde, ha sido una de las voces más persistentes en esta lucha, recogiendo firmas y promoviendo cambios que ahora parecen fructificar. “Es una buena noticia: 16 proyectos de ley presentamos de distintos partidos para lograr bajar el salario de los congresistas, personalmente presente 7 desde el 2015, así que celebramos. Es mejor tarde que nunca. Esta es una decisión de justicia social, de cerrar la brecha. No tiene sentido que en una sociedad, los congresistas tengamos un salario tan distinto y tan alejado del ciudadano raso que está moliendo desde temprano”, expresó Lozano, subrayando la desconexión con la realidad del colombiano promedio.
“Si en esto apoyo al presidente, es porque los congresistas tenemos un salario muy elevado”
Angélica Lozano, senadora de la República
En el contexto de estos esfuerzos, Lozano recordó los tropiezos legislativos pasados: “Al final lo votaron y no alcanzaron los votos, no tuvo el umbral requerido por ser Ley Orgánica. Entonces, el Senado lo aprobó y la Cámara lo hundió en ese momento, pero bueno, mejor tarde que nunca”. Además, celebró que “esta noticia, porque la hemos luchado. Recogimos firmas y de ahí nació la consulta anticorrupción”, conectando la propuesta actual con una movilización ciudadana más amplia.
Reacciones positivas desde el Congreso
Otras figuras políticas han sumado su apoyo a la iniciativa. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, la ve como un avance en justicia social y austeridad, mientras que la representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde, enfatiza que no se trata de populismo, sino de ética pública. Esta convergencia de voces de distintos espectros políticos refuerza la propuesta gubernamental como un consenso emergente en favor de una mayor responsabilidad fiscal en el Legislativo.
Con esta medida, el gobierno busca alinear los ingresos de los congresistas con las realidades económicas del país, promoviendo un ejemplo de austeridad en tiempos de desafíos presupuestales. La eliminación de la prima de servicios podría marcar un precedente para futuras reformas en remuneraciones públicas, cerrando un capítulo de reclamos acumulados por décadas.
