La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia entra en una fase decisiva: el Gobierno propone un incremento de hasta el 11%, por encima de las proyecciones técnicas que oscilan entre 6,5% y 7,5%. El salario mínimo vigente es de 1.423.500 pesos, sin auxilio de transporte, y la discusión se desarrolla en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en un proceso técnico-económico que evalúa la inflación y la productividad para evitar que el aumento descompense la economía o dificulte la tarea del Banco de la República.
La propuesta llega en un contexto de alta informalidad y de tensiones entre crecimiento de ingresos y sostenibilidad macroeconómica. La mesa de negociación es coordinada por el Gobierno, bajo la conducción del presidente Gustavo Petro y del ministro del Trabajo Antonio Sanguino, y reúne a figuras destacadas como Charles Chapman López, abogado laboralista y socio fundador de Chapman Wilches; representantes de Fenalco; Angela Hurtado, Managing Director y Senior Country Officer de JP Morgan; así como a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, al Banco de la República y al Dane. Entre los datos clave de partida, se mantiene una inflación estimada de 5% para la base de cálculo y una productividad prevista de 1,5% a 2%, mientras que la informalidad laboral alcanza el 54% en 2025, un tramo que contrasta con el 58% de empleo formal con derechos registrado antes de la pandemia y que alimenta el debate sobre un salario mínimo real que mejore ingresos sin erosionar la estabilidad económica.
Contexto necesario
Entre los antecedentes relevantes se encuentra que, antes de la pandemia, la formalidad con derechos rondaba el 58% y la informalidad estaba por debajo de esa cifra; hoy la realidad cambió, con un 54% de informalidad en 2025, lo que se toma como referencia para discutir si un aumento mayor al crecimiento de la economía es viable sin desbordar la inflación ni limitar la capacidad del Banco de la República para ajustar tasas. La noticia adquiere relevancia porque la negociación de 2026 avanza hacia una solución que permita un salario mínimo real que cumpla con el espíritu de la Constitución de un salario vital y móvil, sin olvidar la presión de los gremios para evitar medidas que podrían considerarse populistas. El debate también contempla posibles impactos en la inflación y la capacidad de la autoridad monetaria para reducir tasas.
«¿Qué quiere decir eso? En Colombia era mayoritario el empleo formal, el empleo con derechos, con un 58%. Pero ya hoy, cinco años después de la pandemia, no es lógico que la informalidad esté 7 puntos por encima del trimestre septiembre – noviembre del 2019. Es que la informalidad se rebusque, el trabajo sin derechos» – Charles Chapman López.
«Por favor, Colombia, reaccionemos. Exijamos al Gobierno que la discusión del salario mínimo debe predominar, volver a los datos de formalidad de Colombia previos a la pandemia» – Charles Chapman López.
«La subida del salario del próximo año tiene que ser 5,2% o la inflación efectiva a diciembre anualizada, más la productividad, no debería ser muy por encima de esta cifra» – Angela Hurtado, JP Morgan.
«Lo más importante es garantizar que el incremento del salario mínimo se haga de acuerdo con la inflación, más la productividad. Creo que cualquier incremento por encima de esto va a generar un empeoramiento en la tendencia y además va a limitar cada vez más la capacidad del Banco de la República de bajar las tasas de interés» – Angela Hurtado, JP Morgan.
«populista» – Fenalco
En el marco de los datos secundarios, se destaca que el Gobierno, coordinado por el presidente Gustavo Petro y el ministro del Trabajo Antonio Sanguino, propone un incremento de hasta el 11% para 2026, con proyecciones técnicas de 6,5% a 7,5% y supuestos de 5% de inflación y 1,5% a 2% de productividad. Fenalco se retiró de la mesa de negociación y calificó la propuesta de «populista». JP Morgan recomienda que el incremento no supere aproximadamente 6%, sugiriendo que sea inflación más productividad (5,2% o inflación anualizada a diciembre más productividad).
La discusión continúa en un marco de tensiones entre la necesidad de elevar el poder adquisitivo de los trabajadores formales y la responsabilidad de mantener condiciones macroeconómicas estables, con la expectativa de que el acuerdo para 2026 tome en cuenta la inflación, la productividad y las señales de la política monetaria, para evitar un desenlace que ponga en riesgo la recuperación y el control de la inflación a corto plazo.
