El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Minas y Energía y el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), analiza implementar un cobro adicional temporal de ocho pesos por cada kilovatio hora consumido en las facturas de energía eléctrica. Esta medida busca recaudar hasta dos billones de pesos para cubrir las deudas acumuladas por empresas intervenidas, como Air-e, que opera en Atlántico, La Guajira y Magdalena, y afectaría a todos los usuarios residenciales y empresariales del Sistema Interconectado Nacional, sin importar el estrato socioeconómico.
El proyecto de resolución, que se daría a conocer en los primeros días de 2026 y se encuentra en etapa de consulta pública pendiente de aprobación definitiva, incorporaría este valor en el componente de restricción de la tarifa. Air-e, bajo intervención administrativa desde septiembre de 2024, arrastra una crisis financiera estructural no resuelta pese a las medidas tomadas, con más de 1,3 millones de usuarios residenciales y empresariales impactados directamente.
Impacto económico en hogares y empresas
Para un hogar de estrato tres en Bogotá que consume 150 kilovatios hora al mes, la factura pasaría de 100.000 a 101.200 pesos, un incremento de 1.200 pesos, lo que representa aproximadamente un uno por ciento de aumento en la tarifa. Las empresas podrían enfrentar pagos adicionales de hasta 40 millones de pesos mensuales según su consumo, mientras que proyecciones de Andec estiman un recaudo de 60.000 millones mensuales y 720.000 millones anuales. Paralelamente, se adelanta un ajuste para elevar las tarifas de los estratos cuatro a seis, en el marco del Decreto 943 de 2025 que crea el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Perspectivas expertas y duración estimada
El cobro tendría una vigencia temporal cercana a los tres años para saldar la deuda total de estas empresas. En este sentido, Germán Machado, profesor de la Universidad de los Andes, ha señalado que “la intervención no resolvió el problema estructural de la empresa”, subrayando las limitaciones de las acciones previas para sanear la situación financiera de Air-e y similares.
“la intervención no resolvió el problema estructural de la empresa”
Germán Machado, profesor Universidad de los Andes
Esta propuesta genera debate sobre la equidad en la distribución de la carga financiera, al extender el impacto a todos los estratos en un contexto de ajustes tarifarios más amplios, con el objetivo de estabilizar el sector eléctrico nacional.
