En Colombia, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de decreto que propone subir aranceles de importación a carros y motocicletas, con incrementos de hasta 40% para automóviles y 35% para motocicletas, dentro de una estrategia de reindustrialización verde destinada a fortalecer la industria automotriz nacional y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Aunque la fecha de entrada en vigor no está especificada en la documentación disponible, la propuesta indica que los aranceles se aplicarían a importaciones desde países sin Tratado de Libre Comercio y que podrían quedar exentos vehículos eléctricos e híbridos. El tema fue discutido entre autoridades y gremios, con la participación de Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes; Pedro Nel Quijano, de Aconauto; y Andrés Chaves, presidente de Andemos, junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que defiende la iniciativa como parte de la estrategia económica y ambiental.
La propuesta establece que los aranceles se aplicarían a importaciones desde países sin TLC; se mantienen exentas las compras a países con acuerdos comerciales vigentes y, en ese sentido, autos provenientes de México, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur y la Unión Europea quedarían exentos. En la identificación de países sin TLC para efectos de la medida figuran China, India, Japón, Tailandia, Taiwán y Malasia. En términos de marcas y modelos, se mencionan ejemplos como Chery, Jetour y BYD, de China; y Mazda, Honda, Toyota y Nissan, de Japón. Un caso puntual citado en informes internacionales señala que el Mazda CX-30 podría subir de 117,5 millones a 120,3 millones de pesos si se aprueban los nuevos aranceles, lo que ilustra el posible impacto en el precio final para el consumidor. Se estima un rango de aumento de precios entre 1,3 y 4 millones de pesos según el modelo, con variaciones importantes entre vehículos de distintas marcas y segmentos. En el rubro de motos, el sector mueve cerca de un millón de unidades al año y la mayor parte de la oferta proviene de China e India, lo que podría traducirse en incrementos de precios para una parte significativa del parque de dos ruedas. También se señalan modelos que podrían quedar exentos de algunos gravámenes, como Kia Sportage y Picanto; Hyundai Creta y Tucson; Chevrolet Tracker y Onix; Ford EcoSport y Ranger; y Volkswagen Tiguan y Gol, dependiendo del origen y del tipo de vehículo.
Impacto, explicaciones oficiales y respuestas del sector
El Gobierno sostiene que la medida forma parte de una estrategia de “reindustrialización verde” destinada a fortalecer la industria automotriz local y a reducir la dependencia de combustibles fósiles, con beneficios ambientales y económicos reconocidos por la administración. Sin embargo, gremios automotrices y asociaciones de importadores señalan que no hay evidencia técnica y económica suficiente para garantizar que mayores aranceles reducirán emisiones ni que no afectarán la renovación del parque automotor, advirtiendo que encarecerán vehículos nuevos y reducirán la oferta para los consumidores. El debate ha puesto en primera plana el posible efecto asociado en talleres, distribuidores y flujos de importación, especialmente para motos, donde el volumen y la diversidad de modelos podrían verse más sensibles a los ajustes arancelarios. Un primer cruce de opiniones sugiere que, si bien solo una parte de los vehículos importados estaría afectada, ese porcentaje podría ser suficiente para presionar los precios al alza y frenar la recuperación del sector en un momento de reactivación económica.
«La transición hacia una movilidad más limpia debe ser gradual y concertada. Un cambio brusco impacta a miles de negocios formales» – Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes
En el contexto de los datos disponibles, se observa que la propuesta se presenta como ambiental y económica, pero las gremiales cuestionan su efectividad y su impacto en precios y competitividad. Fuentes cercanas citan que informaciones sobre precios y modelos provienen de informes de medios como Reuters y El Colombiano, así como de comunicaciones oficiales del Gobierno y de las gremiales industriales, que señalan la necesidad de calibrar la medida para evitar efectos adversos sobre el consumo y la renovación tecnológica del parque automotor.
