En una jornada que marcó un hito en la política de seguridad del Gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que establece las condiciones jurídicas para que grupos armados organizados puedan someterse a la justicia, sin que ello implique reconocimiento político. La iniciativa, presentada el martes 13 de octubre de 2026, fue impulsada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y busca crear un marco normativo que permita a personas y estructuras ilegales acogerse a la ley.
El proyecto, compuesto por 22 artículos y 17 páginas, fue radicado con mensaje de urgencia, por lo que será estudiado de manera conjunta por las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, con prioridad en las plenarias de ambas corporaciones. La propuesta establece una ruta jurídica para investigar y judicializar a los actores armados que decidan someterse a la Constitución y la ley, y contempla la creación de una unidad especializada encargada de adelantar esos procesos, con responsabilidades compartidas entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
Una apuesta por el orden público y el desmantelamiento de estructuras ilegales
La iniciativa se enmarca dentro de las principales apuestas de la administración De la Espriella en materia de seguridad y orden público. Según el Gobierno, el objetivo central es contribuir al restablecimiento de la tranquilidad en las regiones, proteger a la población civil y avanzar en el desmantelamiento de organizaciones armadas ilegales. El proyecto también contempla prorrogar la Ley 418 de 1997, que ha sido la base jurídica de distintas políticas de paz, incluida la estrategia de paz total impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro, pero con modificaciones que la adaptan al nuevo enfoque de seguridad de la actual administración. En ningún caso, la propuesta otorga reconocimiento político a las organizaciones criminales, un punto que el Gobierno ha subrayado como diferenciador frente a procesos anteriores.
«El proyecto de ley de acogimiento, que ha sido presentado por los dos ministerios, busca crear un marco normativo que permita a personas y estructuras el sometimiento a la ley»
Rodrigo Lara, ministro del Interior
La noticia se encuentra en desarrollo, pues hasta el momento no se han revelado los plazos estimados para el trámite legislativo ni el destino final de la votación. Lo cierto es que la iniciativa combina la postura del Gobierno frente al orden público con mecanismos legales concretos para que los grupos armados que decidan dejar las armas respondan ante la justicia, sin ningún tipo de estatus político. Ahora la pelota queda en manos del Congreso, que deberá definir el futuro de una de las propuestas más relevantes en materia de seguridad presentadas por el Ejecutivo en lo que va de su mandato.
