El Ministerio de Hacienda radicó con mensaje de urgencia el proyecto de ley 401, con el objetivo de canalizar 1,2 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación hacia la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para pagar las millonarias deudas que la empresa Air-e mantiene con los generadores térmicos de la costa Caribe. El anuncio fue hecho este martes 29 de septiembre de 2026 por el ministro Miguel Gómez Martínez ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, en el Congreso de la República en Bogotá. La iniciativa, que ya fue radicada el viernes 25 de septiembre, busca atender la crítica situación financiera de Air-e, intervenida por el Gobierno y cuyo pasivo con las plantas térmicas supera los 1,7 billones de pesos, creciendo a un ritmo de más de 100.000 millones de pesos mensuales, agravado por el fenómeno de El Niño que exige una mayor generación térmica en la región.
El traslado presupuestal no incrementará el monto total del Presupuesto General de 2026, sino que reasigna partidas existentes: 750.000 millones de pesos provendrán de la inversión del Ministerio de Hacienda destinada al transporte público, mientras que los 450.000 millones restantes saldrán de los subsidios de energía del Ministerio de Minas y Energía. El ministro Gómez Martínez explicó que los recursos no entrarán a la libre disposición de Air-e, sino que serán girados directamente a los generadores y demás acreedores según las liquidaciones realizadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) o el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC). “El día viernes nosotros radicamos con mensaje de urgencia el proyecto de ley 401, que tiene como objeto canalizar, a través de un traslado presupuestal, la cifra de 1,2 billones de pesos para atender las necesidades del sistema eléctrico de la costa Caribe”, declaró el funcionario ante los congresistas.
Una crisis que amenaza el sistema eléctrico nacional
La debacle financiera de Air-e pone en riesgo la cadena de pagos del Mercado de Energía Mayorista y la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. La compañía, que presta servicio a 1,4 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, lo que representa el 11,1% de la demanda nacional, enfrenta costos mensuales cercanos a los 430.000 millones de pesos solo para la compra de energía, más unos 41.000 millones de pesos por el uso del Sistema de Transmisión Nacional. Al 21 de agosto de 2026, las obligaciones totales del sistema eléctrico alcanzaban los 4,06 billones de pesos, de los cuales el 57,6% corresponde a empresas generadoras. El ministro reconoció la dimensión del problema al señalar que son “paños de agua tibia”, aunque subrayó la urgencia de aprobar la medida.
“Esa plata son otros pañitos de agua tibia, pero es mucho dinero para la nación y sobre todo para la nación en este momento. Necesitamos con urgencia que ese proyecto haga tránsito aquí, porque es la manera como podremos seguir irrigando recursos mientras pasa este problema muy serio del fenómeno de El Niño”.
Miguel Gómez Martínez, Ministro de Hacienda
El proyecto fue radicado con mensaje de urgencia, lo que acelera su trámite legislativo, y el propio ministro pidió un trámite exprés ante la Comisión Quinta. Gómez Martínez aprovechó su intervención para lanzar una advertencia sobre las responsabilidades penales en la gestión de Air-e. “Este Gobierno va a exigir que quienes malversaron los recursos de esa compañía, que quienes con sus contactos políticos se hicieron a esos recursos, sean investigados y castigados por la justicia”, afirmó el jefe de la cartera de Hacienda, en referencia a la administración anterior de la empresa intervenida. El Gobierno aseguró que la medida no afectará los subsidios destinados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, y que el traslado no altera el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2026.
