El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda liderado por el ministro Germán Ávila, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de competencias del nuevo Sistema General de Participaciones (SGP) el 15 de diciembre de 2025, apenas un día antes de finalizar el periodo legislativo y del receso congressional que inicia el 16 de diciembre. Esta iniciativa surge como desarrollo del acto legislativo de fortalecimiento de la autonomía territorial, aprobado el 3 de diciembre de 2024, y busca reorganizar las competencias en sectores clave como educación, salud y saneamiento básico para corregir brechas regionales, reducir duplicidades administrativas y combatir la corrupción.
El proyecto es el resultado de un exhaustivo proceso de concertación que incluyó una mesa técnica con más de 150 reuniones, en la que participaron entidades como el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Planeación (DNP), los ministerios de Educación, Salud y Vivienda, la Misión de Descentralización, la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA), el DANE y la Función Pública. Además, se realizaron consultas previas con comunidades indígenas y más de 30 encuentros de diálogo social, priorizando zonas rezagadas, la asociatividad territorial e incluso la inclusión de tres años de preescolar en las competencias transferidas. La implementación será gradual durante 12 años a partir de 2027, con un aumento significativo de los recursos del SGP del 20% actual al 39,5% del presupuesto nacional.
Debates sobre el aumento de recursos y la sostenibilidad fiscal
El Sistema General de Participaciones, cuestionado desde la Constitución de 1991 por su modelo centralista que ha perpetuado desigualdades en servicios básicos, ahora enfrentará su discusión en el Congreso durante 2026, con posibilidad de sanción tras aval del Consejo Fiscal y entrada en vigencia en 2027. La medida cuenta con el apoyo de representantes a la Cámara, gobernadores y gremios, que ven en ella un avance hacia una mayor autonomía territorial, aunque no están exentas de críticas por el plazo de seis meses considerado apresurado, preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad de los territorios para asumir nuevas competencias.
“debía ser del 37%, porque esa fue la recomendación de la Misión de Descentralización, para garantizar la autonomía regional sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país”
Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Alianza Verde
Esta radicación oportuna posiciona al nuevo SGP como una reforma estructural clave para equilibrar el desarrollo regional en Colombia, prometiendo no solo más recursos para los entes territoriales, sino una redistribución eficiente que podría transformar el panorama de servicios públicos en el país.
