En una jornada que promete marcar un antes y un después en la política fiscal del país, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó este jueves 29 de octubre de 2026 ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Rescate Económico. La iniciativa, de 123 páginas, busca reducir el gasto público en cerca de 40 billones de pesos para 2027 y apunta a enfrentar lo que el Ejecutivo califica como una «bomba de tiempo» heredada de la administración de Gustavo Petro: un déficit fiscal proyectado en 144 billones de pesos al cierre de 2026. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez lideraron la presentación, en medio de un ambiente de respaldos y críticas entre la clase política.
De acuerdo con el articulado, el ajuste contempla una reducción del 50% en los gastos de contratos de prestación de servicios para 2027 y un recorte del 20% en los gastos salariales de las entidades del Presupuesto General para 2028, con excepción de la Fuerza Pública. En paralelo, se propone una baja en el impuesto de renta empresarial del 35% al 33% en 2027 y al 31% en 2028, así como la eliminación de tarifas diferenciales de IVA, incluyendo el paso del 5% a la tarifa general del 19% para insumos agrícolas a partir de 2028. Para mitigar el impacto en los hogares de menores ingresos, el proyecto crea el mecanismo de devolución EfectIVA, que otorgará un beneficio mensual de 213.000 pesos por hogar, con un giro anticipado el 20 de diciembre de 2027. El Gobierno asegura que el 70% del ajuste recae sobre el Estado y el 30% sobre los sectores de mayores ingresos.
Respaldos y cautelas frente al proyecto
Entre las primeras reacciones, la senadora Hilda Gutiérrez, del Centro Democrático, calificó la iniciativa como «medidas concretas de austeridad, alivio tributario y protección a los hogares más vulnerables». En la misma línea, el representante Christian Garcés destacó que la ley busca «proteger el empleo y garantizar la productividad». El presidente del Senado, Honorio Henríquez, se mostró cauto pero abierto al debate, asegurando que se «garantizará un debate amplio, plural y con plenas garantías para todos los sectores». Desde la academia, el exministro Andrés Valencia advirtió que la eliminación de la tarifa diferencial del IVA a insumos agrícolas podría incrementar costos de producción, generar efectos inflacionarios, mayor informalidad y contrabando. Mientras tanto, el representante Carlos Meisel, conocido por su disposición al análisis técnico, afirmó: «Mañana estoy listo para empezar a debatir el tema. Se viene una noche de estudio», y detalló que el proyecto contiene 11 temas de gastos, 13 de impuestos y 6 de trámites sin impacto fiscal directo.
«El gobierno anterior del presidente Gustavo Petro nos dejó una bomba de tiempo. Una bomba que estallaría el próximo año en 2027 a menos que como gobierno actuemos. Una bomba que significa un hueco tan grande que se resume en que de cada tres pesos del presupuesto nacional que pagamos en impuestos, uno se va a pagar intereses de la deuda pública»
José Manuel Restrepo, vicepresidente
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, definió la ley como «la piedra angular que permitirá recuperar la economía». Las bancadas de gobierno anticipan una discusión extensa, aunque el proyecto ya cuenta con la protección de recursos destinados a salud, educación básica, agua potable, pensiones, universidades públicas y cumplimiento de sentencias judiciales.
Fuertes críticas de la oposición
Del otro lado del espectro político, las críticas no se hicieron esperar. El concejal Oscar Benavides aseguró que la ley «únicamente busca rescatar los privilegios de los amigos ricos de Abelardo de la Espriella» y la calificó como «una reforma tributaria disfrazada». La representante del Pacto Histórico, Isabel Vera, fue aún más dura al denunciar que se trata de un «mico autoritario», afirmando que «con el cuento de la eficiencia, lo que realmente buscan es poder absoluto para desmantelar las instituciones que garantizan los derechos sociales de la gente». Vera también cuestionó el artículo 7 del proyecto, que otorgaría facultades extraordinarias al presidente para crear, fusionar o suprimir ministerios y entidades sin pasar por el Congreso.
Por su parte, la concejal Heidy Sánchez Barreto criticó que el cobro de IVA a compras en plataformas internacionales como Temu, Shein y Amazon mantiene impuestos regresivos, mientras los sectores de altos ingresos reciben beneficios tributarios. Sánchez Barreto advirtió además que el ajuste fiscal anunciado asciende a 13,8 billones de pesos, una cifra que, a su juicio, no resuelve el fondo del problema estructural. El proyecto, que se esperaba desde agosto de 2026, comienza ahora su trámite legislativo en el Congreso, donde tanto gobierno como oposición anticipan un debate intenso que podría extenderse varias semanas.
