El Gobierno de Colombia, encabezado por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó ante la Cámara de Representantes una ley de rescate económico y reforma tributaria destinada a evitar un déficit fiscal que, según sus cálculos, podría alcanzar el 10% del Producto Interno Bruto si el Congreso no aprueba las medidas de ajuste. La iniciativa fue presentada el 29 de octubre de 2026 ante la Secretaría General de la Cámara, y en entrevistas con Noticias RCN y Noticias Caracol, los funcionarios explicaron los pormenores de una propuesta que combina recortes al gasto público, cambios en el Impuesto al Valor Agregado con devoluciones parciales o totales, y nuevas fuentes de recaudo como gravámenes a compras internacionales realizadas a través de plataformas digitales y a vehículos eléctricos, que hasta ahora estaban exentos. La administración actual sostiene haber identificado un déficit fiscal mucho mayor al reportado por el gobierno anterior de Gustavo Petro, quien lo había estimado en un 4,5% del PIB, mientras que los nuevos cálculos lo sitúan por encima del 7% y con riesgo de escalar al 10% sin una intervención inmediata.
Según explicaron Restrepo y Gómez Martínez, el Estado enfrenta un escenario crítico: existen gastos por 70 billones de pesos que no cuentan con recursos para ser financiados, y el Presupuesto Nacional presenta por lo menos 90 billones de pesos no reflejados ni en el mismo ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno propone una reducción del gasto nacional de 45 billones de pesos, de los cuales entre 30 y 35 billones provendrían de medidas de austeridad. El vicepresidente Restrepo enfatizó que siete de cada diez pesos del ajuste fiscal los asumiría el propio Estado, mediante recortes a la burocracia y la eliminación de cargos que denominó “corbatas”. El recaudo previsto por la Ley de Rescate se estima en hasta 4 billones de pesos, mientras que el sistema de salud, que el ministro Gómez Martínez señaló como heredado con graves problemas financieros y presionado por el envejecimiento de la población, recibiría recursos cercanos a los 30 billones de pesos.
Devolución del IVA para mitigar el impacto en los hogares
Uno de los ejes centrales de la reforma es la extensión de la tarifa general del IVA, del 19%, a determinados alimentos de la canasta familiar que actualmente no pagan el impuesto. Para compensar el efecto en los hogares de menores ingresos, el Gobierno ha diseñado un mecanismo de devoluciones: el 100% del IVA pagado sería reintegrado a 19 millones de personas, mientras que otros 16,5 millones recibirían hasta el 50% del impuesto, sumando un total de aproximadamente 36 millones de beneficiarios potenciales. En algunos casos, el apoyo mensual podría alcanzar los 280.000 pesos. La devolución se calcularía con base en las compras respaldadas por factura electrónica y, para los hogares vulnerables que no cuenten con ese soporte, se prevé un monto mínimo. “Se les va a devolver el IVA que ya hoy en día están pagando”, afirmó Restrepo, quien añadió que con la factura electrónica el sistema abonaría automáticamente el valor en la cuenta del consumidor. El ministro Gómez Martínez señaló que “aquí hay gente que tiene un buen nivel de ingreso que no paga IVA”, por lo que la medida busca hacer más equitativo el impuesto.
Los cambios en el IVA no entrarán en vigencia sino hasta 2028, y el primer giro de las devoluciones se prevé antes del inicio de ese año. El Gobierno estima que el impacto en el costo de vida será de entre 0,6% y 0,8%, y asegura que más de la mitad de la canasta familiar permanecerá sin IVA. En su concepto, el rescate económico tiene varios frentes: un rescate social, que se materializa en la devolución del impuesto; un rescate de la salud, de la economía, de las finanzas públicas y del Estado mismo, que, en palabras del vicepresidente, “gasta recursos en exceso”.
“Si no hacemos la reforma fiscal, muy seguramente llegaríamos al 10% del PIB”
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda
La nueva administración ha sido enfática en señalar la gravedad de la situación fiscal heredada. “La cosa es muchísimo más grave y por eso necesitamos actuar más rápidamente”, advirtió Gómez Martínez, quien agregó que han encontrado “troneras en todas partes”. El vicepresidente Restrepo, por su parte, indicó que “ningún gobierno quiere subir impuestos, pero encontramos una realidad fiscal mucho más grave de la que se había anunciado”. Entre las presiones sobre las cuentas públicas mencionaron el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los subsidios eléctricos y las obligaciones con adultos mayores. Sin el ajuste, el Gobierno alerta que se produciría una cesación de pagos en 2027, lo que llevaría a más de un millón de personas a la pobreza, la destrucción de más de 500.000 empleos y una recesión económica.
Impuestos a compras internacionales y vehículos eléctricos
Para aumentar el recaudo, el proyecto contempla gravar las compras internacionales realizadas en plataformas digitales cuyo valor sea inferior a 200 dólares, aproximadamente 600.000 pesos, con un recaudo estimado de hasta 2 billones de pesos. El Gobierno justificó la medida por el impacto que el volumen de estas transacciones tiene sobre el comercio local. Asimismo, se propone un gravamen para los vehículos eléctricos, que actualmente están exentos de impuestos, argumentando que suelen tener precios elevados y representan una fuente potencial de recaudo.
El Congreso de la República tiene ahora la última palabra sobre esta ley de rescate, que el Ejecutivo considera indispensable para evitar el colapso fiscal. En sus declaraciones, tanto Restrepo como Gómez Martínez insistieron en la necesidad de que los legisladores aprueben las medidas para garantizar la estabilidad económica del país y proteger a los sectores más vulnerables. La propuesta busca un equilibrio entre el ajuste fiscal y la protección social, pero el tiempo corre: la administración advierte que sin una respuesta pronta, el país podría enfrentar una crisis sin precedentes en 2027.
