En una jornada que marca un hito para el sector rural colombiano, el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó este 25 de mayo de 2026 en el Congreso de la República un proyecto de ley que crea las figuras del contrato agropecuario y el jornal agropecuario. La iniciativa, impulsada por los representantes a la Cámara Alfredo Mondragón y Karen López, cuenta con el respaldo directo del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y busca poner fin a la deuda histórica con el campesinado, reduciendo la informalidad que afecta al 83,1% de los trabajadores del campo. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), del total de 3,4 millones de personas ocupadas en el sector agropecuario —que representa el 14,4% de la población económicamente activa—, la gran mayoría carece de protección social y derechos laborales básicos.
La propuesta legislativa establece garantías concretas para quienes trabajan la tierra, entre ellas descanso semanal remunerado, recargos nocturnos, pausas alimentarias, protección climática y el reconocimiento del tiempo de disponibilidad. Además, regula el pago diario del jornal y fija un componente prestacional mínimo del 30% sobre el salario mínimo vital vigente. El ministro Sanguino calificó la iniciativa como «una reforma profundamente social y democrática para el campo colombiano», y destacó que el campesinado «sostuvo la economía agrícola del país en medio de la informalidad y la exclusión». Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), cerca de 5 millones de personas trabajan en el campo colombiano, una cifra histórica de empleo rural que contrasta con la precariedad laboral predominante.
Una solución a la estacionalidad y la exclusión social
El proyecto reconoce la naturaleza estacional y temporal del empleo agropecuario, que dificulta la formalización tradicional. Por ello, el contrato agropecuario se dirige a actividades de producción y transformación agraria primaria, especialmente tareas transitorias, mientras que el jornal agropecuario regula el pago diario o temporal, permitiendo que la seguridad social se cotice por días o semanas. Una de las innovaciones clave es que la formalización no afectará la clasificación en el Sisbén ni la elegibilidad en programas sociales, resolviendo así la tensión entre acceder a derechos laborales y mantener subsidios estatales. Asimismo, el proyecto exige a las cajas de compensación familiar ampliar sus servicios de bienestar para atender las necesidades específicas de los trabajadores rurales.
«Reconoce derechos, garantiza protección social y dignifica la vida de quienes trabajan la tierra»
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha advertido sobre la baja afiliación a pensiones y protección social en el campo, especialmente entre mujeres y jóvenes rurales. Con esta reforma, el Gobierno Petro busca revertir esa exclusión, ofreciendo un marco jurídico que, por primera vez, adapta las figuras laborales a la realidad del agro colombiano. La radicación del proyecto abre ahora un debate en el Congreso que definirá el futuro de millones de campesinos que, como señaló el ministro, han sido el sostén silencioso de la economía nacional.
