El Gobierno nacional, encabezado por el ministro de Educación, Daniel Rojas, y con el respaldo de la bancada del Pacto Histórico, radicó en el Congreso de la República un proyecto de reforma integral a la Ley 30 de 1992. La iniciativa busca definir la educación superior como un derecho fundamental, consolidar la gratuidad y asegurar una financiación sostenible para las universidades públicas, marcando un hito en la política educativa del país.
La reforma, que modifica una norma vigente por más de tres décadas, integra los avances logrados mediante la Ley 2568 de 2026, que ya había ajustado los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Ahora, el nuevo texto aspira a convertir en política de Estado la demanda histórica de la movilización estudiantil, blindando la gratuidad y estableciendo un modelo de financiación que garantice la estabilidad de las instituciones de educación superior estatales. Según cifras oficiales, la matrícula en universidades alcanzó en 2025 un récord histórico de más de 2,7 millones de estudiantes, mientras la cobertura pasó del 54,92% al 61,75% en el último cuatrienio. La política de gratuidad, que ya cubre el 97% de la matrícula pública con 939.282 beneficiarios, frente al 87% de 2022, se vería fortalecida como un derecho permanente.
Financiación y cobertura
El proyecto establece que los aportes del Gobierno a las universidades públicas crecerán anualmente en no menos del 70% del incremento real del Producto Interno Bruto (PIB), con un ajuste presupuestal regido por el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) o el IPC, si aquel es menor. Hasta la fecha, se han canalizado $2,9 billones mediante el modelo de financiación directa. Además, se fija como meta que las transferencias a instituciones estatales alcancen al menos el 1% del PIB, mientras que las instituciones técnicas y tecnológicas recibirán una base presupuestal equivalente al 0,07% del PIB. El presupuesto para bienestar universitario se incrementa del 2% al 5% del presupuesto institucional, y se destina un mínimo del 10% a investigación e innovación.
Gobernanza democrática y nuevos organismos
La reforma propone una gobernanza más participativa, duplicando la representación de estudiantes y docentes en los Consejos Superiores de las universidades. Se crean los Consejos Territoriales de Educación Superior (Ctes) y el Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (Ciese), que reemplazará al actual Sistema Universitario Estatal (SUE). El Icetex será reorientado para financiar posgrados y formación en el exterior bajo esquemas redistributivos, mientras que el Icfes asumirá un rol técnico de seguimiento y evaluación del sistema. También se promueve un modelo multicampus para compartir infraestructura y programas en territorios excluidos, y se establecen mecanismos de control social como veedurías ciudadanas y acompañamiento de la Contraloría General.
«No es una reforma más, es blindar como ley y profundizar lo que el gobierno de Gustavo Petro logró como derecho para miles de jóvenes en sus territorios», afirmó el ministro Daniel Rojas durante la radicación.
«La lucha sigue y se traslada al Congreso y como es natural, a una juventud organizada que siga defendiendo este camino. Cuentan conmigo para seguir respaldando la educación pública y a este proyecto de ley que traza la ruta para que la educación sea, de una vez por todas, un derecho fundamental», agregó el titular de la cartera educativa.
Con esta reforma, el Gobierno busca no solo ampliar la cobertura y garantizar la gratuidad, sino también transformar la educación superior en un verdadero derecho fundamental que responda a las necesidades de los territorios y a la equidad social, en un contexto donde la movilización estudiantil ha sido protagonista de la agenda pública durante los últimos años.
