El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del ministro de Justicia Iván Cancino, anunció un proyecto de ley de sometimiento para jefes e integrantes de grupos criminales que descarta de plano cualquier mesa de diálogo, estatus político o concentraciones prolongadas. La iniciativa, que se encuentra en revisión en Presidencia y será presentada al Congreso de la República sin fecha específica, busca reemplazar el enfoque de paz total implementado por la administración anterior por una política de Estado con vigencia superior a un período presidencial, reforzando la Ley 418 de 1997.
El proyecto establece condiciones más estrictas que la justicia ordinaria, con rebajas de condena condicionadas a la verdad, la reparación y el concepto favorable de las víctimas. La rebaja máxima para líderes o jefes será del 30 por ciento, mientras que para miembros de otros rangos podrá alcanzar hasta el 50 por ciento. Además, se modifica el requisito para acceder a la libertad condicional: actualmente se exige cumplir tres quintas partes de la condena, pero con la nueva ley se requerirán cuatro quintas partes. En cuanto a la relación trabajo o estudio, se propone pasar de tres días por un día de reducción a dos días por un día de reducción, endureciendo las condiciones para los sometidos.
Condiciones más severas y participación de las víctimas
Los beneficios de reducción de condena no serán automáticos. La legislación ordinaria ya contempla rebajas para quienes aceptan cargos, pero el proyecto exige condiciones más severas. La libertad condicional o suspensión de la pena requerirá concepto favorable de la víctima; si esta se opone, no se concederán dichos beneficios. Acciones como la reparación, la entrega de dinero, el esclarecimiento de hechos, la liberación de secuestrados y la revelación de rutas de desaparición podrían reducir las exigencias para algunos beneficios, siempre bajo el visto bueno de las víctimas.
«Es una ley de sometimiento a la Constitución. No hay la más mínima posibilidad de que este Gobierno abra espacios para mesas de diálogo, para negociaciones, para un estatus político, que era una de las grandes preocupaciones que uno escuchaba en la oposición. No hay zonas para concentraciones de largo tiempo sin compromiso frente a la ley. Y, sobre todo, jamás habrá apertura de canales para que los grupos ilegales o terroristas puedan opinar o debatir con el Gobierno acerca de este proyecto de ley».
Iván Cancino, ministro de Justicia del Gobierno de Abelardo de la Espriella
Los interlocutores del Ejecutivo serán el Congreso, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, no los grupos ilegales. Al ser consultado sobre si esta ley de sometimiento representa la sepultura de la paz total, Cancino respondió de manera afirmativa. El ministro también subrayó que se busca que la iniciativa no esté identificada solo con un gobierno de cuatro años sino que se convierta en una política de Estado para períodos más largos.
«Esta no es una ley para un gobierno; vamos a tratar que sea una política de Estado y que no esté identificada solamente a cuatro años, sino para períodos más largos».
Iván Cancino, ministro de Justicia del Gobierno de Abelardo de la Espriella
Las resoluciones, revocatorias y derogatorias firmadas por el presidente son señal del rumbo de la política de seguridad que impulsa el Ejecutivo. Con este proyecto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella apuesta por un sometimiento sin concesiones políticas, basado exclusivamente en la Constitución y con la participación activa de las víctimas en la definición de los beneficios penales.
