El Gobierno nacional ordenó la renovación total del esquema de seguridad asignado a la familia de María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, luego de que la Fiscalía revelara una presunta infiltración del equipo de protección oficial en el magnicidio del congresista. La decisión fue anunciada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, tras la denuncia pública de Tarazona, quien alertó que, a pesar de las sospechas, no se había modificado la custodia de su hogar. El escándalo ha puesto en el centro del debate a la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad responsable de resguardar a personas bajo amenaza, y ha motivado un llamado del partido Centro Democrático a revisar integralmente el sistema de protección estatal.
La conmoción se desató cuando la viuda del senador, asesinado el 7 de junio de 2025 en un atentado en Bogotá, reveló a través de su cuenta en X que la Fiscalía había detectado que miembros de su propio esquema de seguridad habrían colaborado con los criminales. “La Fiscalía ha dado a conocer que el esquema de seguridad que hoy tiene asignado mi familia, presuntamente, está infiltrado. Algunos de sus integrantes habrían, presuntamente, colaborado suministrando información para el magnicidio de mi esposo Miguel Uribe Turbay. A la fecha, EL ESQUEMA NO HA SIDO CAMBIADO”, escribió Tarazona, visiblemente consternada. La denuncia evidenció que, pese a las peticiones formales elevadas al Gobierno, no se había recibido respuesta alguna hasta ese momento.
Los hallazgos de la Fiscalía y la respuesta oficial
Las investigaciones adelantadas por el ente acusador establecieron que dos escoltas del equipo de Uribe Turbay se habrían reunido con uno de los implicados en el crimen en enero y abril de 2025, meses antes del atentado. El cruce de información de antenas de celulares permitió ubicar a los uniformados en el barrio Modelia y en inmediaciones del Congreso de la República, lugares donde habrían coincidido con el presunto responsable. Estos indicios, que apuntan a una filtración deliberada de información sobre los movimientos del senador, llevaron a la Fiscalía a notificar a la UNP y a la familia sobre la gravedad de la situación. Ante la presión, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, reaccionó en la misma red social: “La información que se ha conocido sobre la presunta complicidad o cercanía de miembros del esquema de Miguel Uribe con sus asesinos es muy preocupante. Esto debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Nos preocupa profundamente la infiltración del crimen en la @UNPColombia”.
«Cuente siempre con la solidaridad y el firme compromiso del Gobierno Nacional en la lucha contra el crimen»
Rodrigo Lara, ministro del Interior
Horas después de las declaraciones, el ministro confirmó que el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía Nacional, y Didier Blanco, director de la UNP, habían tomado cartas en el asunto y renovado completamente el esquema asignado a la familia Tarazona. No obstante, la crisis de confianza ya había escalado a niveles políticos, y el partido Centro Democrático, al que pertenecía el senador asesinado, emitió un comunicado exigiendo una auditoría profunda. “Frente a las graves denuncias sobre una posible infiltración en el esquema de seguridad de Miguel Uribe, instamos a las autoridades a realizar una revisión integral del sistema de protección del Estado, incluyendo a la UNP, los esquemas de seguridad y las agencias de inteligencia. La vulnerabilidad de un esquema expone a la sociedad en su conjunto; la seguridad debe ser una garantía colectiva”, señaló la colectividad en su pronunciamiento.
El senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, fue ultimado el 7 de junio de 2025 en un atentado que conmocionó al país. La investigación por su homicidio avanza mientras el Gobierno intenta contener las repercusiones políticas de un sistema de protección que, según las autoridades, fue penetrado por el crimen organizado. La renovación del esquema, aunque tardía según la denuncia de la viuda, marca un primer paso en medio de la exigencia ciudadana y política de que hechos como este no queden en la impunidad.
