El gobierno nacional, a través del presidente Gustavo Petro, expidió el decreto 1401 del 22 de diciembre de 2025, que establece la reserva del 7% de las plazas en los concursos de carrera administrativa para personas con discapacidad, tanto en procesos de ingreso como de ascenso. Esta medida, impulsada por una solicitud de urgencia de la Procuraduría General de la Nación, instruye a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a adaptar los procedimientos de selección, inscripciones y pruebas para garantizar equidad y accesibilidad en el sector público de Colombia.
La norma responde directamente a la necesidad de fortalecer la inclusión laboral en la administración pública, respondiendo a los derechos de este grupo poblacional. La CNSC ya ha puesto en marcha estas disposiciones en su reciente convocatoria Territorial 12, que ofrece 1.419 vacantes en 22 entidades distribuidas en ocho departamentos: Atlántico, Cundinamarca, Huila, Caldas, Risaralda, Bolívar, Meta y Norte de Santander. De estas, 89 plazas están reservadas específicamente para personas con discapacidad, con 9 destinadas a ascenso y 80 a ingreso.
Adaptaciones y beneficios para mayor inclusión
Entre las principales novedades, las personas con discapacidad quedarán exentas del pago de los derechos de participación en estos procesos, con el costo asumido por las entidades públicas involucradas. La CNSC ajustará sus sistemas, convocatorias y metodologías en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (Opec) a través del Sistema Simo, incluyendo verificación de requisitos, pruebas estandarizadas y listas de elegibles. Los cargos abarcan niveles como asesor, profesional, técnico y asistencial, con valoración de experiencia y formación. Además, el certificado de discapacidad solo será requerido para las vacantes reservadas, marcando la primera aplicación práctica bajo la Ley 2418 de 2024.
“las personas con discapacidad estarán exentas del pago de los derechos de participación en los procesos de selección y concurso de la carrera administrativa; el valor será asumido por cada entidad pública que haga parte del respectivo proceso”
Comunicado de la Procuraduría General de la Nación
Esta iniciativa no solo cumple con mandatos legales, sino que representa un avance significativo hacia la equidad en el empleo público, beneficiando especialmente a regiones como Caldas y Risaralda, donde Manizales observa con expectativa estas oportunidades de inclusión laboral.
