El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respaldó la propuesta del presidente Abelardo de la Espriella para que la Policía Nacional pueda ingresar a universidades públicas durante jornadas de protesta cuando se cometan delitos. El anuncio se enmarca en un protocolo nacional que habilita la intervención de la fuerza pública en estos campus ante situaciones de vandalismo, terrorismo, flagrancia o alteraciones graves del orden público. Lara fijó así la posición oficial del Gobierno en medio del debate sobre la autonomía universitaria y el derecho a la movilización.
El respaldo fue explícito durante declaraciones recientes en las que el ministro subrayó que no se acepta «la utilización de la violencia disfrazada de protesta». Según explicó, si se comete un delito desde cualquier instancia, la autoridad debe proceder, y así funciona una democracia y el Estado de derecho. El protocolo, promovido por la Presidencia, busca diferenciar entre manifestaciones legítimas y situaciones que requieran respuesta oficial, dejando claro que los campus no están sustraídos de la autoridad legítima del Estado.
Autonomía universitaria y orden público en tensión
El presidente Abelardo de la Espriella había anunciado previamente la creación de este mecanismo, señalando que la autonomía universitaria no está por encima del orden público. En sus palabras, la protesta pacífica será respetada y garantizada, pero los campus no serán santuarios de la violencia. La iniciativa aplica específicamente a instituciones de educación superior públicas y establece que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de intervenir en escenarios donde se registren hechos violentos, comisión de delitos en flagrancia, peligro para terceros o afectaciones graves al orden público.
«No aceptamos la utilización de la violencia disfrazada de protesta. Si se comete un delito desde cualquier instancia, la autoridad debe proceder. Así funciona una democracia, así funciona el Estado de derecho.»
Rodrigo Lara, ministro del Interior
Por su parte, el presidente De la Espriella fue contundente al afirmar que «la autonomía universitaria no está por encima del orden público» y que «los campus no están sustraídos de la autoridad legítima». Enfatizó que la protesta pacífica será respetada y garantizada, pero recalcó que «no serán santuarios de la violencia». Estas declaraciones reabren el debate en Colombia sobre los límites de la autonomía universitaria frente a las facultades de la fuerza pública para mantener el orden en espacios académicos, especialmente en contextos de movilización estudiantil.
