El Gobierno nacional expidió el Decreto 1424 de 2026, mediante el cual restableció temporalmente la exigencia de la Planilla Única de Viaje Ocasional (PUVO) para los taxis que circulen entre municipios contiguos afectados por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. Esta medida, contenida en el artículo 36 del decreto, suspende de manera transitoria el artículo 4 del Decreto 1001 de 2026, que había eliminado ese requisito para determinados recorridos.
La decisión del Ejecutivo tiene como propósito mantener la prestación del servicio público de transporte en las zonas cobijadas por la declaratoria de desastre, garantizando el control y la seguridad en la movilidad de los usuarios. La vigencia de esta suspensión será de máximo seis meses contados desde la publicación del decreto, y se levantará automáticamente cuando termine la situación de emergencia o desaparezcan las condiciones que la motivaron. Es importante señalar que la medida no modifica de forma permanente el Decreto 1001, pues únicamente se suspende su aplicación en los municipios afectados.
Prórrogas automáticas y flexibilización para empresas de transporte
El Decreto 1424 de 2026 también contempla disposiciones adicionales para el sector transporte en las zonas de desastre. Entre ellas se destaca la prórroga automática por seis meses de las tarjetas de operación de los vehículos cuyos documentos venzan durante el periodo de emergencia. De igual forma, se flexibilizan los requisitos de capacidad transportadora para las empresas de transporte, con el fin de facilitar la continuidad del servicio en las áreas afectadas por el sismo.
Las disposiciones del Capítulo V del decreto abarcan a empresas de transporte, propietarios y conductores de vehículos, terminales de transporte y organismos de tránsito. No obstante, la flexibilización de requisitos para las empresas no las libera de sus obligaciones de seguridad, las cuales se mantienen intactas para garantizar la protección de los usuarios durante la prestación del servicio en medio de la emergencia.
Con esta medida, el Gobierno busca equilibrar la necesidad de agilizar la operación del transporte en las zonas más golpeadas por el terremoto con el control administrativo sobre los vehículos que prestan servicio ocasional, evitando que la suspensión de la PUVO genere vacíos en la regulación del sector durante la crisis.
