Gobierno retira generales sin investigaciones y deja en cargos a procesados

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La decisión del presidente Gustavo Petro de retirar a cerca de un centenar de uniformados de distintos rangos en los últimos meses ha desatado una profunda controversia dentro de las Fuerzas Militares, al evidenciarse un trato diferenciado que, según voces de la oficialidad, carece de criterios explícitos y amenaza la institucionalidad castrense. El caso más paradigmático es el del general Erick Rodríguez, exsubjefe de Operaciones de las Fuerzas Militares, quien fue apartado del servicio activo sin que existiera en su contra ninguna investigación, proceso judicial o disciplinario. Su retiro, sumado al de otros altos mandos en igual situación, contrasta de manera directa con la permanencia en el cargo de oficiales que sí enfrentan graves señalamientos y procesos legales, generando un ambiente de incertidumbre y malestar al interior de la institución.

Cifras y casos que encienden las alarmas institucionales

Entre los casos que más han llamado la atención se encuentra el del general Luis Emilio Cardozo, excomandante del Ejército, quien a pesar de estar adelantando un trámite de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por seis casos relacionados con nueve personas presentadas como bajas en combate, no fue incluido en la lista de retiros. De igual manera, el general Federico Mejía, quien se desempeña como jefe de Educación y Doctrina del Ejército, continúa en servicio activo mientras es investigado por los delitos de asociación para delinquir, peculado por apropiación y abuso de función pública. La situación se torna aún más compleja con el caso del general Juan Miguel Huertas, actual comandante de Personal, quien fue reintegrado por decisión del presidente Petro tras haber sido suspendido por la Procuraduría por presuntos vínculos con disidencias de las Farc. A estos se suma el general Olveiro Pérez, quien permanece en el servicio pese a las denuncias que habrían utilizado a soldados en tareas domésticas.

«Las decisiones que tome el presidente de la república son acordes a sus facultades y obedecen a necesidades del servicio, al criterio propio de la administración de personal, como lo estime conveniente para conducir las Fuerzas Militares».

Pedro Sánchez, ministro de Defensa

Frente a la controversia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha defendido la potestad del mandatario, señalando que los movimientos obedecen a la facultad discrecional del jefe de Estado y a criterios internos de administración de personal. Sin embargo, la ausencia de una explicación pública y detallada sobre los motivos que llevaron a retirar a un oficial sin procesos como el general Rodríguez, mientras se mantiene a otros con investigaciones activas, ha generado un fuerte debate interno. Asociaciones como Acore, presidida por el general retirado Guillermo León, y el Cuerpo de Generales y Almirantes, liderado por el almirante retirado Hernando Wills, han alzado su voz para reclamar reglas claras y objetivas, advirtiendo que la aplicación de criterios que parecen políticos para la conformación de la cúpula militar termina por socavar la confianza institucional y el principio de igualdad dentro de la fuerza.

El malestar se profundiza al conocerse las historias de oficiales que, según sus versiones, habrían sido víctimas de montajes. Es el caso del general retirado Jhon Jairo Rojas, quien asegura que fue blanco de informaciones falsas para vincularlo con disidencias armadas. En la misma línea, el general Hernando Garzón Rey afirmó que la reapertura de un expediente en su contra por presuntos lazos con el narcotráfico se basó en información incorrecta que le fue entregada al presidente Petro. Mientras tanto, generales como el retirado Guillermo León han lanzado una advertencia contundente: mantener en sus cargos a mandos con procesos jurídicos o disciplinarios en curso, al mismo tiempo que se retira a oficiales que no tienen ningún señalamiento, es una práctica que erosiona la moral y la confianza en la institución castrense, generando una peligrosa percepción de injusticia que, a la larga, podría tener consecuencias nefastas para la estabilidad y el mando de las Fuerzas Militares.

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