El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, decidió retirar el Proyecto de Ley 347 de 2026 del Congreso, una iniciativa conocida como el régimen sancionatorio del sector transporte que buscaba fortalecer la inspección y generaba preocupación entre plataformas digitales como Uber, Didi y Yango. Esta decisión se tomó recientemente ante las críticas de diversos gremios y actores del sector, con el fin de realizar ajustes al articulado y evitar interpretaciones erradas de algunos artículos.
El proyecto proponía medidas estrictas como sanciones económicas, inmovilización de vehículos y restricciones al transporte informal, lo que generaba inquietud entre conductores y usuarios por sus posibles efectos negativos en las aplicaciones de movilidad. Tras mesas de negociación con gremios de carga, el retiro busca mayor claridad para la opinión pública y reflejar los acuerdos alcanzados, según lo explicado por Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte.
Explicaciones oficiales sobre el retiro
La suspensión temporal ha sido recibida con alivio por parte de los involucrados en el sector, mientras se adelantan los ajustes necesarios para una mejor redacción del articulado. Esta medida responde a las múltiples interpretaciones equivocadas que surgieron alrededor de la propuesta legislativa.
“Considerando las múltiples y sincrónicas, erradas interpretaciones de algunos artículos del Proyecto de Ley 347 del 2026, recientemente erradicado en el Congreso, conocido más como régimen sancionatorio del sector transporte”
Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte
“El Gobierno nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmita mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga”
Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte
Con este paso, el sector transporte espera una versión revisada que equilibre la inspección necesaria sin perjudicar la innovación y la movilidad diaria de miles de colombianos que dependen de estas plataformas.
