El presidente Abelardo de la Espriella lideró el lunes 14 de septiembre de 2026 una reunión clave en la sede del Gobierno en Barranquilla, Atlántico, con la que busca dar un impulso definitivo a su plan de construir diez megacárceles de máxima seguridad en el país. El mandatario convocó a los ministros de Justicia, Iván Cancino, y de Transporte, Elsa Noguera, junto a representantes del sector constructor, entre ellos el presidente de la constructora Marval, Sergio Marín, con el objetivo de direccionar los proyectos que harán parte de su estrategia de retomar el control estatal de las prisiones. La cita fue descrita como el inicio de la estructuración de las nuevas prisiones, sin decisiones definitivas aún sobre las obras.
En medio del encuentro, De la Espriella expresó en su cuenta de X que el propósito central es “direccionar los proyectos de megacárceles en el país”, una de sus principales promesas de campaña. El jefe de Estado ha insistido en que su diagnóstico sobre la situación carcelaria es contundente, al afirmar el pasado 26 de agosto que las cárceles colombianas “han dejado de ser centros de reclusión para convertirse en antros de criminalidad, en universidades del crimen”. Con un tono enérgico, el presidente sentenció: “¡Compatriotas! Eso se acabó”, y agregó que “esas obras se harán con la empresa privada”.
Un plan de gobierno que promete cambio de paradigma
El proyecto de los diez centros penitenciarios, que aún no revela ubicaciones, cronogramas ni costos, busca combinar una mayor capacidad carcelaria con estrictas restricciones a las comunicaciones de los internos con redes delictivas externas. Las megacárceles estarán destinadas a los responsables de los delitos de mayor gravedad, y el Gobierno ya ha anticipado que serán los criminales quienes enfrenten las consecuencias. “Paguen con creces el dolor que le han generado al pueblo colombiano”, manifestó De la Espriella el 26 de agosto, al tiempo que advirtió que “funcionario que no da resultado, funcionario que sale del Gobierno”.
La constructora Marval, con experiencia previa en la cárcel La Nueva Joya en Panamá y en centros como Cómbita, El Barne, El Espinal, Cúcuta y Buga, fue una de las firmas que presentó sus capacidades durante la reunión. La referencia internacional más destacada es precisamente La Nueva Joya, una prisión panameña con capacidad para más de 5.000 presos y una inversión cercana a los USD 150 millones desde su inauguración en 2014, un modelo que el Gobierno colombiano busca replicar.
Traslados y refuerzo de seguridad
En paralelo a la planeación de las nuevas prisiones, el Gobierno ya ha puesto en marcha operativos de choque. El 7 de agosto de 2026 fueron trasladadas 117 personas privadas de la libertad, y en Barranquilla se contabilizaron 39 internos adicionales movilizados a otros centros. En la capital del Atlántico, cuatro presuntos integrantes de estructuras delictivas fueron enviados desde la Cárcel Distrital El Bosque hacia otros establecimientos. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, señaló que estos operativos contaron con la participación de funcionarios del sistema penitenciario y de miembros de la Fuerza Pública, en un esfuerzo por garantizar la seguridad durante los traslados.
“Han dejado de ser centros de reclusión para convertirse en antros de criminalidad, en universidades del crimen”
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Con el respaldo del sector privado y una hoja de ruta aún por definirse en términos de ejecución, la administración De la Espriella avanza en la materialización de una promesa que marcará el rumbo de la política penitenciaria en el país. La ciudadanía y los gremios están a la espera de que se den a conocer los detalles presupuestales y logísticos de un proyecto que el propio mandatario ha calificado como fundamental para combatir el crimen organizado desde la raíz.
