El ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló los detalles de la ley de sometimiento que prepara el gobierno de Abelardo de la Espriella, un mecanismo que ofrece rebajas de pena de hasta el 50 por ciento para integrantes de grupos armados ilegales que se acojan voluntariamente al Estado de derecho y colaboren con información. En declaraciones a medios, Cancino explicó que el proceso es estrictamente jurídico, sin reconocimiento político ni espacio para negociaciones, y que los beneficios penales están condicionados a aportes sustanciales en verdad, justicia, reparación y desmovilización.
Las rebajas de pena varían según el nivel de mando dentro de la estructura ilegal. Para las personas que tengan mando, la reducción será del 30 por ciento, mientras que para los demás miembros alcanzará el 50 por ciento, porcentajes que pueden ajustarse dependiendo del grado de colaboración y las circunstancias de la entrega. El ministro fue enfático en que no habrá estatus político: “Cero estatus político, no hay espacio para negociaciones”, afirmó, y agregó que “es un tema jurídico, no político”.
Condiciones y exclusiones del sometimiento
La ley exige que quienes aspiren a los beneficios deben aportar información sobre rutas de desarme, cultivos ilícitos, personas desaparecidas y secuestradas, así como sobre las estructuras financieras y políticas que respaldan actividades ilegales. Cancino advirtió que “si no hay aportes sobre la corrupción generada o sobre vínculos con políticos, también será difícil someterse a la ley u obtener sus beneficios”. Además, el proceso deberá ser conducido por un abogado, y no por un representante político del grupo armado.
Un punto central es el papel de las víctimas. El ministro señaló que “la víctima será el eje y puede tomar decisiones de fondo para beneficios y libertades condicionales”, lo que les otorga un rol protagónico en la evaluación de cada caso. Sin embargo, dejó claro que no habrá cárceles especiales: “No va a haber cárceles especiales”, dijo, aunque se contemplan espacios productivos dentro de establecimientos penitenciarios, sin régimen distinto.
“Las personas que ya estén capturadas tampoco van a ser parte de la ley de sometimiento”
Iván Cancino, ministro de Justicia
Cancino también despejó dudas sobre las órdenes de captura y las extradiciones: “Siguen. No hay absolutamente ninguna suspensión de órdenes de captura ni de extradiciones. Eso no aplica”. Asimismo, las personas que ya están detenidas no podrán acogerse al mecanismo, lo que cierra la puerta a beneficios para quienes ya enfrentan procesos judiciales.
El gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa esta ley como parte de una estrategia para someter a estructuras ilegales bajo un marco jurídico, sin reconocimiento político ni mesa de negociación. En el caso de la Coordinadora Bolivariana, Cancino fue tajante: “No hay negociación. El Gobierno no negocia”, y agregó que “ellos están mirando si se someten y si siguen la vía jurídica que está prevista para ellos: sus versiones y su judicialización”.
