La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha defendido la adjudicación de diez contratos de obra y seis de interventoría por parte del Invías, por un valor cercano a los 3,2 billones de pesos, destinados a vías terciarias en La Guajira. La defensa se produce luego de que el equipo de empalme del presidente electo Abelardo De La Espriella, liderado por la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, cuestionara la firma de estos contratos a pocos días del cambio de Gobierno. La controversia se centra en que los contratos comprometen vigencias futuras hasta el año 2035, un aspecto que el equipo entrante considera precipitado y que la ministra saliente asegura se realizó bajo el marco legal vigente.
Los contratos, adjudicados mediante licitación pública, están destinados a mejorar corredores rurales en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, en el departamento de La Guajira. De acuerdo con la ministra Rojas, estos proyectos responden al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que ordena inversiones para garantizar los derechos de las comunidades indígenas y poblaciones vulnerables de la región. La ministra explicó que el proceso de planificación de estas obras se inició a finales de 2025, con un riguroso proceso que se ampara en la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que los reglamentan.
Detalles de la inversión y posturas encontradas
El monto total de los contratos asciende a unos 3,2 billones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: aproximadamente dos billones de pesos para Uribia; cerca de 1,1 billones de pesos para los municipios de Riohacha, Maicao y Manaure; y unos 204.000 millones de pesos para los contratos de interventoría. La ministra Rojas defendió la legalidad de las vigencias futuras, argumentando que son un mecanismo común en la contratación pública, y puso como ejemplo que las concesiones también pueden emplearlas. Asimismo, la funcionaria destacó que durante la actual administración se respetaron los contratos y vigencias futuras firmadas durante el gobierno de Iván Duque, y se adelantaron procesos heredados por aproximadamente 15 billones de pesos, con mayores niveles de ejecución.
«Son proyectos que han pasado por un riguroso proceso de planificación desde finales de 2025, amparados en la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que los reglamentan»
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte
Sin embargo, el equipo de empalme del presidente electo Abelardo De La Espriella tiene una perspectiva diferente. En un comunicado, señalaron que un gobierno que está por terminar debería concentrarse en garantizar una transición ordenada y transparente, no en acelerar contrataciones multimillonarias que deberán ser administradas por quienes aún no han asumido funciones. La ministra designada, Elsa Noguera, fue más allá al afirmar en sus redes sociales que, aunque las vías terciarias serán una prioridad de su gestión, muchos colombianos tienen derecho a preguntarse por qué, a pocos días de terminar su mandato, el Gobierno saliente adjudica contratos por más de 3,2 billones de pesos.
«Las vías terciarias serán una prioridad de la #PatriaMilagro. Pero lo que muchos colombianos tienen derecho a preguntarse es por qué, a pocos días de terminar su mandato, el Gobierno saliente adjudica contratos del Invías por más de $3,2 billones de pesos»
Elsa Noguera, ministra designada de Transporte
El equipo entrante ha anunciado que revisará con absoluto rigor técnico, jurídico y financiero cada uno de esos procesos. Además, se indagará en la participación de las empresas en los consorcios adjudicatarios, la estructuración de los procesos y el nivel de competencia entre los oferentes, dejando claro que el análisis será exhaustivo para determinar la viabilidad y transparencia de las adjudicaciones en un momento tan sensible de la transición gubernamental.
