El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1474 de 2025, que eleva el IVA sobre bebidas alcohólicas del 5% al 19%, incrementa el componente específico del impuesto al consumo en un 119%, pasando de 342 a 750 pesos por grado alcoholimétrico en botellas de 750 mililitros, y sube el componente ad valorem del 25% al 30%. Esta medida, enmarcada en una declaratoria de emergencia económica, también dispara los precios de los cigarrillos, que pasarán de poco más de 4.000 pesos a más de 11.000 pesos por cajetilla de 20 unidades, con el objetivo de aumentar el recaudo nacional en más de 11 billones de pesos. La Industria Licorera de Caldas (ILC) y la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) ya revelaron los nuevos precios sugeridos para 2026, que reflejan alzas significativas en productos emblemáticos como el Aguardiente Amarillo de Manzanares, que subirá de 49.705 a 71.112 pesos por botella de 750 mililitros, o el Aguardiente Antioqueño, cuyos impuestos pasarán de 17.500 a 33.000 pesos, mientras que licores importados como Old Parr de 12 años oscilarán entre 136.000 y 178.000 pesos, y Buchanan’s estándar entre 170.000 y 215.000 pesos.
Estas subidas, que en algunos rones y aguardientes alcanzan hasta el 55%, generan preocupación en el sector licorero, que representa el 1,5% del PIB colombiano, genera más de 200.000 empleos y aportó 1,2 billones de pesos en impuestos durante los últimos dos años, de los cuales 120.000 millones llegaron a Caldas. Esteban Ramos, gerente de la FLA, y figuras como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han alertado sobre las consecuencias, incluyendo una posible pérdida de 200.000 millones de pesos en esa región, equivalente al subsidio de vivienda para 12.000 familias VIS. Además, el analista Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, calculó que las bebidas alcohólicas representan el 3,88% del gasto de los hogares colombianos y el 1,7% del IPC, con un incremento general de precios del 13% que elevaría el IPC total en 0,22 puntos porcentuales.
Reacciones regionales y riesgos para la salud pública
Diecisiete de los 32 gobernadores del país desconocieron la semana pasada la declaratoria de emergencia económica, considerándola inconstitucional, mientras que el senador Fernando Motoa anunció una demanda ante la Corte Constitucional por falta de justificación y por poner en riesgo programas sociales en salud, educación y deporte, rubros a los que tradicionalmente aportaban los impuestos de la industria licorera y que ahora se redirigen al Presupuesto General de la Nación. La medida incentivaría el contrabando y el licor adulterado, que ya representa el 24% del consumo en Colombia, afectando no solo la recaudación regional sino también la salud de los consumidores.
Desde Manizales, donde la ILC es un pilar económico, se observa con alarma cómo este decreto podría desestabilizar una industria clave para el desarrollo local, en un contexto donde los precios de los cigarrillos también se disparan según reportes de Caracol Radio, profundizando el impacto en el bolsillo de los colombianos y cuestionando la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.
