El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció un aumento del 23,78 por ciento en el salario mínimo legal vigente para 2026, elevándolo a dos millones de pesos, una medida que entrará en vigor desde enero de ese año en todo el territorio colombiano. Según el Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, el costo fiscal directo de esta decisión asciende a siete billones de pesos, aunque expertos estiman que el impacto total podría alcanzar los 30 billones de pesos, considerando efectos en pensiones, nómina estatal y otros rubros.
La decisión, decretada por el Ejecutivo con el objetivo de dinamizar el consumo interno, contrasta con el presupuesto general de la Nación para 2026, diseñado bajo un incremento previsto del siete por ciento en el salario mínimo, generando una brecha de 16,7 puntos porcentuales. Esto afectará no solo al sector formal, que representa el 44 por ciento de la economía dado que el 56 por ciento es informal, sino también a las empresas micro, pequeñas y medianas, que constituyen el 99,5 por ciento del tejido empresarial del país.
Expertos advierten sobre el impacto presupuestal
Diego Guevara, exministro de Hacienda, alertó que el mayor efecto no recaerá en el mercado laboral, sino en el Presupuesto General de la Nación, con unos 10 billones de pesos adicionales entre pensiones y salarios mínimos pagados por el Tesoro, ampliando el hueco de financiación a cerca de 30 billones de pesos. Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, calculó que el aumento del 23 por ciento, al menos 16 puntos porcentuales por encima de la inflación y el crecimiento de la productividad, costará más de cinco billones de pesos anuales en nómina nacional y casi otros cinco billones en pensiones, afectando a más de un millón de pensionados.
«El costo fiscal es de unos $7 billones, pero el impulso al consumo podría generar un crecimiento superior al 5% y mayores ingresos tributarios»
Germán Ávila, ministro de Hacienda
En el sistema pensional, Kevin Hartmann, experto en pensiones, estimó que solo en Colpensiones el costo aproximado sería de cuatro billones de pesos, mientras que en el régimen privado el capital requerido para una pensión mínima garantizada subiría de 420 millones a 535 millones de pesos para un hombre de 62 años. Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, calificó el incremento como una presión desafortunada para el sistema económico en dos dimensiones: un costo laboral importante para las empresas y una preocupación total en lugar de celebración.
«el mayor impacto de este aumento no estará en el mercado laboral, sino en el Presupuesto General de la Nación»
Diego Guevara, exministro de Hacienda
«entre pensiones y salarios mínimos que se tienen que pagar del Tesoro pueden ser unos $10 billones adicionales; el hueco total de financiación podría ampliarse a cerca de $30 billones»
Diego Guevara, exministro de Hacienda
Guevara también planteó la pregunta clave sobre las fuentes de financiación, sugiriendo que podría derivar en nueva deuda, probablemente más costosa, o una reforma tributaria adicional. Hartmann y Pardo reforzaron estas preocupaciones al detallar los sobrecostos en Colpensiones y la nómina estatal, en un contexto donde el impacto se extiende al sector público y privado, generando debates sobre la sostenibilidad fiscal del país ante este salto salarial.
«solo en Colpensiones, el aumento tendría un costo aproximado de $4 billones»
Kevin Hartmann, experto en pensiones
«el aumento del 23% en el salario mínimo (al menos 16 puntos porcentuales -pp- por encima de la inflación y del crecimiento de la productividad) puede costarle a la Nación más de $5 billones anuales por concepto de nómina y casi otros $5 billones por concepto de pensiones»
Oliver Pardo, director Centro Javeriano de Competitividad
«Un incremento del 23% implica una presión absolutamente desafortunada para el sistema económico en dos dimensiones. Claro que es un costo, y es un costo laboral muy importante para las empresas. No es un motivo de celebración, es un motivo de total preocupación»
Juan Pablo Herrera, decano Facultad de Economía Universidad Externado
Este anuncio, que busca impulsar el poder adquisitivo de los trabajadores en un entorno de alta informalidad y predominio de mipymes, ha encendido las alarmas entre analistas por sus implicaciones en la estabilidad macroeconómica y el endeudamiento público de Colombia.
