El Gobierno nacional confirmó la suspensión de la ejecución de órdenes de captura contra cinco líderes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, medida que rige desde diciembre de 2025 en el marco de un proceso de diálogo para su desmovilización y reintegración. Entre los beneficiados figuran Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo; Orozman Orlando Osten, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia, alias El Cura; Luis Armando Pérez, alias Bruno; y Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, quien falleció. Esta decisión se ampara en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República y fue anunciada en un comunicado oficial expedido por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación en Bogotá el 5 de febrero de 2026.
El acuerdo que dio origen a esta suspensión se firmó el 5 de diciembre de 2025 en Doha, Qatar, con la mediación de ese país junto a España, Noruega y Suiza, y contó con el respaldo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y la Conferencia Episcopal de Colombia, todo ello conforme a lo establecido en la Ley 2272 de 2022. A partir del 24 de diciembre de 2025, los líderes mencionados iniciaron tareas internas para coordinar la ubicación gradual de más miembros del grupo en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), como un paso verificable hacia la desmovilización total.
Avances en diálogos con el Clan del Golfo
Estas conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia buscan soluciones basadas en el diálogo, con un compromiso claro de los líderes por avanzar en su ubicación en las ZUT y facilitar la reintegración. La medida tiene consecuencias jurídicas inmediatas, por lo que se ha compartido información detallada con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, garantizando la coordinación institucional en este proceso sensible.
El anuncio representa un hito en los esfuerzos por superar el conflicto armado con este grupo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, y abre la puerta a fases posteriores de verificación y desarme, siempre bajo el escrutinio de los mediadores internacionales y las entidades nacionales involucradas.
