El Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre de 2026, una medida excepcional que autoriza al Departamento de Prosperidad Social a suspender temporalmente las verificaciones de requisitos y corresponsabilidades que hasta ahora eran exigidas para mantener los pagos de los programas sociales. La decisión, que busca proteger a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto, evita que los hogares afectados pierdan ingresos durante el proceso de recuperación, pues la emergencia dañó la infraestructura, los servicios públicos y los sistemas de información necesarios para realizar dichas comprobaciones.
El decreto cobija a 496 municipios distribuidos en 16 departamentos, donde se registraron 196.614 familias damnificadas, es decir, 406.963 personas. En esas zonas, la cobertura de los programas alcanza a 258.018 hogares en Renta Ciudadana, 237.363 hogares en Compensación del IVA, 1.255.622 personas en Colombia Mayor y 64.107 beneficiarios en Renta Joven. La suspensión de las verificaciones podrá extenderse hasta por 12 meses, y se levantará progresivamente a medida que se restablezcan las condiciones para certificar asistencia escolar, controles médicos, vacunación, desempeño académico y reporte de novedades.
Medida excepcional sin nuevos subsidios
La autorización no implica la creación de nuevos subsidios ni el aumento de las transferencias existentes. Se trata de una suspensión temporal y excepcional de las verificaciones cuando estas dependan de infraestructura, servicios o sistemas de información afectados por la emergencia. La interrupción de las transferencias, advierte el decreto, podría comprometer los gastos básicos de hogares vulnerables que aún enfrentan daños en viviendas, colegios, centros de salud, vías y otros servicios esenciales desde el sismo del pasado 10 de agosto.
La medida responde a las dificultades prácticas generadas por el terremoto, que afectó directamente a las instituciones encargadas de certificar la matrícula educativa, los controles de salud y la información administrativa requerida para mantener los beneficios. De esta forma, el Gobierno busca garantizar la continuidad de los ingresos mientras las comunidades avanzan en su proceso de recuperación.
