El Gobierno Nacional ordenó el traslado masivo de 117 presos de alto perfil desde la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, hacia centros de máxima seguridad en el país, en una operación ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) durante la mañana del viernes 7 de agosto de 2026. La medida fue dispuesta por el presidente Abelardo Gabriel de la Espriella Otero como una de sus primeras decisiones de Gobierno para recuperar el control efectivo del sistema penitenciario y frenar la capacidad de coordinación de estas estructuras criminales con el exterior.
Los internos trasladados incluyen a figuras de alto perfil como José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; alias Orejas y el exparamilitar Hernán Giraldo. La mayoría de ellos estaba vinculada a la estrategia de paz total promovida por la administración anterior y a las negociaciones de paz en curso, lo que otorga a este operativo un impacto directo sobre los diálogos vigentes. Los destinos elegidos fueron los centros de máxima seguridad El Pedregal, en Medellín, y La Picota, en Bogotá, donde se les aplicarán controles más estrictos y se eliminarán los beneficios especiales de los que gozaban en su anterior lugar de reclusión.
Operativo busca desarticular centros de operaciones criminales
El traslado no se presenta únicamente como una medida penitenciaria, sino como una intervención sobre la capacidad de mando de internos considerados de alto perfil. Las autoridades buscan reducir la comunicación de estos presos con redes criminales externas y elevar los estándares de seguridad en las prisiones. Según información de Noticias RCN, entre los trasladados se encuentran los hermanos Muñoz Martínez y Ramírez García, quienes participaron en el llamado «tarimazo» del expresidente Gustavo Petro en La Alpujarra, el 21 de junio de 2025.
«Esta es una de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ejercerá el control penitenciario con autoridad y dentro del marco constitucional. Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley», señaló la Oficina de Prensa del Presidente de la República en un comunicado oficial emitido el mismo 7 de agosto de 2026.
El operativo del viernes es apenas el inicio de una estrategia más amplia contra la criminalidad y para reforzar el sistema penitenciario. Las autoridades no descartan nuevos traslados en las próximas semanas, en la medida en que se evalúe la efectividad de la medida y se identifiquen otros centros de reclusión que aún puedan estar siendo utilizados como centros de operaciones criminales. Con esta decisión, el Gobierno de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero envía una señal contundente sobre el rumbo de su política carcelaria: autoridad, control y cumplimiento estricto de la ley.
