El Gobierno Nacional puso en marcha una metodología unificada para evaluar las edificaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto
El propósito de establecer cuáles son seguras para ser habitadas, cuáles requieren restricciones de uso y cuáles necesitan intervención antes de volver a ser ocupadas
La medida fue adoptada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través de la Circular 73 del 20 de agosto, y busca que las evaluaciones realizadas en los territorios respondan a criterios técnicos comunes y permitan avanzar de manera ordenada hacia la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas.
La nueva metodología establece un procedimiento nacional para determinar las condiciones de seguridad y habitabilidad de las edificaciones residenciales y comerciales afectadas por el sismo, al tiempo que permitirá priorizar la infraestructura vital y orientar las decisiones que deberán tomarse durante las fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
El proceso tendrá dos etapas. La primera será una evaluación rápida, basada en una inspección visual de las edificaciones ubicadas en las zonas priorizadas. Con esta revisión se determinará si un inmueble puede ser ocupado, si requiere restricciones o si debe permanecer desocupado. Esta clasificación será provisional y podrá modificarse si se presentan réplicas u otros acontecimientos que alteren las condiciones de seguridad.
Los resultados serán identificados mediante tres colores. El verde permitirá el ingreso y utilización del inmueble sin restricciones; el amarillo indicará limitaciones de ingreso, ocupación o uso y la necesidad de una evaluación más profunda; mientras que el rojo señalará peligro de colapso y prohibirá el ingreso y la ocupación, salvo autorización de la autoridad competente. La UNGRD aclaró que un aviso rojo no constituye, por sí mismo, una orden de demolición.
La segunda etapa será la evaluación detallada, dirigida principalmente a las edificaciones clasificadas en amarillo o rojo. Los especialistas deberán confirmar o modificar la clasificación inicial, establecer recomendaciones de intervención y caracterizar la situación de los hogares u organizaciones que ocupan los inmuebles, información que servirá a las alcaldías para determinar el destino final de las estructuras.
Un capítulo prioritario será el de la infraestructura vital. Hospitales y demás instalaciones de salud, establecimientos educativos, servicios públicos esenciales y edificaciones indispensables para la atención de la comunidad tendrán evaluación detallada desde el comienzo del proceso.
Toda la información recopilada será incorporada al Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, con criterios de georreferenciación, validación y trazabilidad. La UNGRD suministrará además herramientas digitales para realizar los registros, incluso en zonas donde existan dificultades de conectividad.
El Gobierno también estableció el Registro Único de Profesionales Evaluadores (RUPE), mediante el cual serán registrados, verificados y habilitados los profesionales que participen en las inspecciones. Su asignación dependerá de su formación, especialidad y experiencia, además de la vigencia de su matrícula o tarjeta profesional.
La UNGRD tendrá la coordinación nacional del proceso, mientras que las entidades territoriales coordinarán las evaluaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones. Además, el Gobierno recibirá las propuestas y metodologías que ya hayan sido desarrolladas en los territorios para armonizarlas y consolidarlas bajo el nuevo esquema nacional.
Con esta decisión, el Gobierno busca establecer una hoja de ruta técnica común para pasar de la atención inmediata de la emergencia a la recuperación, con información confiable para decidir sobre el retorno seguro de las familias, la recuperación de los servicios esenciales y las obras de rehabilitación y reconstrucción que deberán emprenderse.
Fuente:UNGRD
