El gobierno del presidente Gustavo Petro realizó una venta directa de títulos de tesorería por 6.000 millones de dólares, equivalentes a unos 23 billones de pesos, a la gestora internacional Pimco el 19 de diciembre de 2025, sin recurrir a subastas públicas ni hacer anuncios previos, lo que permitió que los recursos quedaran inmediatamente disponibles para la Nación. La operación, liderada por Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda desde el 3 de abril de 2025, se formalizó en Colombia y comenzó a monetizarse el 23 de diciembre, con el objetivo principal de fortalecer la liquidez ante la volatilidad electoral prevista para las elecciones presidenciales de 2026.
Esta transacción atípica se llevó a cabo de manera privada, evaluando propuestas de fondos internacionales sin revelar previamente el monto ni la identidad del comprador, y consultando referencias de precios al creador de mercado local. De los 6.000 millones de dólares, se monetizaron 1.000 millones en el mercado local y 930 millones se destinaron a liquidar derivados, con tasas iniciales 75 puntos base por encima de la valoración de mercado para esa porción de 1.000 millones. Pimco se comprometió a una estrategia de buy and hold, aunque sin cláusula contractual explícita y sujeto a monitoreo posterior.
Críticas por opacidad y abandono de mecanismos transparentes
La operación generó fuertes cuestionamientos de economistas y entidades de control por su falta de transparencia, al apartarse del habitual mecanismo de subastas que asegura igualdad de condiciones y formación clara de precios. La Contraloría General de la República ya abrió un proceso de control fiscal para revisar los detalles de la transacción.
«Nunca se le reveló a nadie que el monto de la operación eran USD6.000 millones».
Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda
«El riesgo de liquidez es el que más preocupa en este momento, en un momento previo a la volatilidad electoral en la que el desenlace dependerá de quiénes son los candidatos que lleguen a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026».
Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda
Figuras como el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el director saliente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, alertaron sobre los riesgos de esta opacidad, que podría encarecer el financiamiento estatal al alimentar percepciones de estrés fiscal.
«Teníamos un mercado de capitales transparente, profundo, donde se sabe a qué plazos, a qué tasa se colocan los montos. Aquí, a un inversionista privado, sin decirnos nada sobre las tasas, sin decirnos ni siquiera quién es, le entregan $23 billones».
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda
«Esa opacidad, además, alimenta la percepción de estrés fiscal y puede terminar encareciendo el financiamiento del Estado en su conjunto. La urgencia fiscal no puede justificar el abandono del mecanismo de subastas que garantiza igualdad de condiciones y formación transparente de precios».
Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo
En un contexto de tensiones fiscales, esta movida del gobierno Petro busca blindar las finanzas públicas de cara a un año electoral incierto, aunque las repercusiones en la confianza de los mercados y las investigaciones en curso podrían definir su impacto a largo plazo.
