El Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, ha anunciado un ambicioso plan de venta de activos improductivos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte de la Ley de Rescate Económico, con el objetivo de destinar los recursos al prepago de la deuda pública. La propuesta fue presentada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, durante su intervención en la Asamblea General de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), celebrada el 11 de noviembre de 2026. El funcionario detalló que la iniciativa busca obtener liquidez inmediata mediante la comercialización de bienes que actualmente no generan rendimiento para el Estado, mientras se implementa un drástico recorte de gastos para sanear las finanzas públicas.
Durante su alocución en el evento de Anif, Gómez Martínez reveló que la SAE tiene bajo su administración un total de 68.000 activos registrados, aunque no todos serán incluidos en el proceso de venta. “Queremos vender activos de la Nación. Ustedes no se imaginan. La SAE tiene los peores inventarios del planeta. Tienen 68.000 activos registrados. ¿Qué hay ahí? De todo”, afirmó el ministro, quien describió el portafolio de bienes con un amplio abanico que incluye aviones, centros comerciales, teatros de cine, fincas, apartamentos, ganado, vehículos, y hasta automóviles Ferrari. “Aviones, centros comerciales, teatros de cine, fincas, apartamentos, de todo, lo que usted quiera. Ferraris, de todo”, agregó, subrayando la heterogeneidad y el potencial económico de estos activos que, según dijo, no estaban siendo productivos para las arcas del Estado.
Recorte de gastos y ahorro millonario
Paralelamente a la venta de activos, el paquete de medidas contempla un agresivo ajuste fiscal que incluye un recorte de $8 billones en gastos de funcionamiento, principalmente mediante la reducción de transferencias. A esto se suma un ahorro estimado de $11 billones proveniente de una reducción del 20% en los gastos de personal, y un recorte adicional de $4 billones dirigido específicamente a eliminar lo que el Gobierno califica como “burocracia inútil”. En total, la estrategia de austeridad prevé una reducción del 50% en los contratos por prestación de servicios y una disminución similar en los desembolsos destinados a burocracia y contratos innecesarios. “Se acabó el derroche en publicidad oficial. Nada de pauta institucional ni utilizar los recursos públicos para hacer promoción personal”, sentenció el ministro de Hacienda durante su presentación.
“Como le pasa a una familia cuando tiene problemas de plata, hay que vender eso y pagar la deuda. Todo lo que podamos conseguir, como esto es un ingreso de una nueva oportunidad, lo vamos a destinar a prepagar deuda”
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda
La Ley de Rescate Económico también solicita facultades extraordinarias para que el presidente pueda fusionar o suprimir entidades públicas consideradas innecesarias, modificar el organigrama del Poder Ejecutivo y reducir la estructura burocrática. Como parte del plan de austeridad, el Gobierno revisará gastos operativos y beneficios para altos funcionarios, incluyendo horas extras, viáticos, viajes al exterior, teléfonos celulares, vehículos oficiales, esquemas de seguridad, condecoraciones y festejos. Además, se estableció que entre 2027 y 2030, las compras estatales de bienes y servicios no podrán aumentar por encima de la inflación, una medida que aplicará a todos los ministerios y departamentos administrativos. Aunque aún no se ha definido un cronograma de comercialización ni se ha precisado el monto exacto que el Gobierno espera recaudar con la venta de activos improductivos, Gómez Martínez fue enfático en que más de $4 billones provenientes de estas operaciones serán destinados a generar liquidez inmediata para anticipar los pagos de la deuda pública.
