En un histórico avance hacia la paz total en Colombia, el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), firmaron este 5 de diciembre de 2025 en Doha, Catar, un acuerdo que establece tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para sus combatientes. La ceremonia contó con la presencia de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, liderada por Otty Patiño como Consejero Comisionado de Paz, y representantes del EGC, junto a observadores internacionales y nacionales como Qatar, España, Noruega, Suiza, la Procuraduría General de la Nación, la Fuerza Pública y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA).
El pacto, resultado de la segunda ronda de diálogos, incluye la ampliación de acciones piloto a quince municipios afectados por el conflicto armado: Mutatá en Antioquia; Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía en Chocó; Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta en Córdoba; Cáceres, El Bagre y Nechí en Antioquia; y El Carmen de Bolívar y San Jacinto en Bolívar. Estas ZUT se ubicarán específicamente en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y Tierralta, en Córdoba, con inicio de operaciones a partir del 1 de marzo de 2026. Además, se creó un mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación liderado por la MAPP/OEA, que se instalará el 18 de diciembre de 2025, y se suspendieron órdenes de captura y extradición, junto con acciones humanitarias para integrantes del EGC en cárceles nacionales e internacionales.
Compromisos y plazos clave en el proceso
Durante la firma del documento oficial, el EGC entregó un listado inicial de sus integrantes a Otty Patiño, avanzando en protocolos que deben estar listos antes del 3 de febrero de 2026. El acuerdo busca el desescalamiento de violencias, la transformación territorial y el respeto a los derechos de las víctimas en regiones golpeadas por décadas de conflicto. Se formarán Grupos de Trabajo Municipal con participación de autoridades locales, organizaciones sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes, población LGBTIQ+, empresarios y medios comunitarios para fortalecer estas iniciativas.
Este hito fortalece el proceso de paz total del Gobierno, con verificación internacional, e invita a la Fiscalía General de la Nación a informar sobre un mecanismo especial de priorización de denuncias por infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La firma en Doha representa un paso concreto hacia la pacificación de zonas como el Urabá chocoano y antioqueño, donde el EGC ha sido protagonista de enfrentamientos, abriendo la puerta a la reconciliación y el desarrollo sostenible en estos territorios.
