El Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) han decidido pausar por seis días las negociaciones de paz que se desarrollan en los departamentos de Nariño y Putumayo, tras la finalización del séptimo ciclo de diálogos realizado en el resguardo indígena Inda Zabaleta, en Tumaco (Nariño), y en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez (Putumayo). La suspensión, anunciada por Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo, busca realizar consultas internas entre las delegaciones sobre garantías jurídicas clave, como el funcionamiento de las ZUT y la suspensión de órdenes de captura y extradición para quienes ingresen a ellas. Las conversaciones se retomarán el sábado 21 de marzo.
Esta pausa responde a temas neurálgicos que han marcado los avances en el proceso, iniciado tras la autorización de la mesa de diálogo con la Cneb, grupo armado que cuenta con aproximadamente 2.500 hombres en armas. En las zonas rurales de Nariño y Putumayo se ha registrado una disminución superior al 95% en los homicidios, un logro destacado en medio de las negociaciones. Además, el Acuerdo Número 10, firmado el 25 de mayo de 2025 entre el Gobierno y la Cneb, contempla la capacitación y ubicación temporal de 120 personas, 60 en Putumayo y 60 en Nariño, con una vigencia de las ZUT por 10 meses. Estas zonas buscan garantizar seguridad y convivencia tanto para los guerrilleros como para las comunidades, sin que las Fuerzas Militares y autoridades pierdan sus funciones.
Consultas jurídicas y tensiones políticas
La delegación gubernamental profundizará en la consulta jurídica sobre el marco general de las Zonas de Ubicación Temporal y la suspensión de capturas, respaldada por la Resolución 053 del 25 de febrero de 2026, que invalida órdenes de captura y extradición para una lista validada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Un caso emblemático es el de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, jefe de los Comandos de Frontera adscritos a la Cneb, capturado en Bogotá en 2025 y con extradición avalada por la Corte Suprema, a la espera de la firma del presidente Petro.
«La delegación adelantará consulta jurídica sobre el funcionamiento general de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), y sobre la suspensión de órdenes de capturas de quienes ingresen a ellas.»
Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno nacional
El proceso enfrenta críticas de candidatos presidenciales y dirigentes políticos, quienes exigen el fin de los diálogos y optan por una vía estrictamente militar para confrontar las violaciones derivadas de la implementación errada del Acuerdo de Paz por gobiernos anteriores al de Petro.
«Los candidatos presidenciales deben pensar si tienen en su agenda crear un marco judicial para el sometimiento a la justicia o no, o si lo único que les satisfará serían operaciones militares en el territorio, para enfrentar las violencias que produjo la manera tan equivocada en que se implementó el Acuerdo de Paz por los gobiernos que antecedieron al presidente Petro.»
Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno nacional
Este impasse de seis días representa un momento crucial para consolidar los avances en paz en regiones históricamente golpeadas por la violencia, donde las medidas de las ZUT buscan transitar hacia una convivencia sostenible, pese a las presiones políticas y los desafíos jurídicos pendientes.
