El magistrado Juan Carlos Granados, integrante y vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ordenó el pasado 9 de febrero la apertura de una investigación disciplinaria contra tres jueces del Tribunal Superior de Bogotá, identificados como Miguel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo Pinto. Esta decisión se tomó por presunta violación al régimen de inhabilidades, tras la absolución en segunda instancia que estos magistrados concedieron al expresidente Álvaro Uribe en el proceso que se le sigue por soborno a testigos.
La medida disciplinaria surge en un contexto marcado por la situación judicial del propio Granados, quien permanece imputado en el caso Odebrecht sin que se haya tomado una resolución de fondo. El expediente de este escándalo, que involucra presuntos pactos con la multinacional brasileña a través del exsenador Plinio Olano, pasó en 2021 de la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, luego de su elección como magistrado, donde el proceso se encuentra estancado en dos despachos sin avances significativos. Granados, abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Derecho por la Universidad Santo Tomás con honores cum laude, ha ocupado cargos como concejal, alcalde de Nobsa, representante a la Cámara, gobernador de Boyacá y contralor de Bogotá.
El trasfondo del caso Odebrecht y las sospechas de irregularidades
El caso Odebrecht que rodea a Granados se centra en un presunto acuerdo para adjudicar un tramo vial en Boyacá a la multinacional, a cambio de apoyo económico para su campaña a la Gobernación de ese departamento. En 2018, fue imputado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias. El valor del contrato vial en cuestión oscilaba entre 200.000 millones y 350.000 millones de pesos, con promesas de pagos que iban del 3% al 5% del total a Plinio Olano y al propio Granados. Una audiencia de acusación ante la Corte Suprema se aplazó por falta de abogado defensor, lo que derivó en el traslado del proceso al Congreso.
“Odebrecht prometió pagar a Plinio Olano y a Juan Carlos Granados del 3% al 5% del valor total del contrato, el cual oscilaba entre $200.000.000.000 y $350.000.000.000”
Expediente de la Fiscalía
Recientemente, una denuncia presentada por el sindicato Sindeperbo ha puesto en el ojo del huracán a la esposa de Granados, Patricia Reyes, por contratos adjudicados por 434 millones de pesos con la Personería de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, además de otros 216 millones para el período 2024-2025 con la CAR. Esta acusación involucra al personero Andrés Castro y al director de la CAR, Alfred Ballesteros, por presuntas relaciones administrativas previas y contratos simultáneos. Granados podría asumir la presidencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en 2027, en medio de esta indefinición penal que genera cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en sus decisiones.
Este episodio disciplinario contra los jueces del Tribunal Superior de Bogotá reaviva el debate sobre la independencia judicial y las inhabilidades en casos de alto perfil político, en un momento en que el sistema de justicia colombiano enfrenta escrutinio por su manejo de procesos contra figuras prominentes como Uribe y exfuncionarios envueltos en el megáescándalo de Odebrecht.
