El gremio de la seguridad privada en Colombia, representado por su presidente Miguel Ángel Díaz de la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip), advirtió sobre los graves impactos que generará el reciente decreto del Gobierno nacional liderado por Gustavo Petro, que establece un aumento del salario mínimo para 2026 en un 23,7 por ciento, llevando el salario base a 1.750.000 pesos más 249.000 pesos de subsidio de transporte, para un total cercano a los 2 millones de pesos mensuales. Esta medida, defendida por la senadora María José Pizarro como un paso hacia la dignificación laboral, ha desatado reacciones encontradas a nivel nacional, con declaraciones difundidas en medios y un video en la red social X, en medio de antecedentes como la reforma laboral previa que incluyó la disminución de la jornada diurna y el incremento de la nocturna el pasado 27 de diciembre.
Díaz enfatizó que este ajuste salarial, sumado a los incrementos previos en costos de producción, jornada nocturna y otros cambios laborales, representa un alza equivalente al 30 por ciento en los gastos operativos del sector, afectando más de 70 ítems relacionados con la prestación del servicio. En el contexto de un año electoral, el directivo expresó preocupación por la posible resistencia de los usuarios, como empresas, conjuntos residenciales y contratantes, a absorber estos sobrecostos, lo que podría derivar en reemplazos de personal por tecnologías como cámaras y alarmas, inflación acelerada y una reducción en los ingresos estatales.
Alarma en el sector por sobrecostos operativos
El presidente de Confevip detalló que la magnitud del aumento pone en jaque la sostenibilidad del gremio, ya que todo está supeditado al salario mínimo, y cuestionó la disposición de los clientes a pagar un 30 por ciento más en sus contratos de vigilancia. Además, mencionó proyectos como la vivienda BIS para vigilantes, que asciende a casi 280 millones de pesos, como ejemplos de cómo estos ajustes complican la gestión financiera del sector.
“el aumento de los costos de producción y los costos del salario aunados al aumento de la jornada nocturna, que fue el 27 de diciembre, y los que ya se habían hecho con motivo de la reforma laboral y la disminución de la jornada laboral, este es un aumento equivalente al 30 %, que no sabemos si los usuarios, las empresas, los conjuntos residenciales y quienes contratan las empresas de vigilancia están dispuestos a asumir ese presupuesto”
Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip
“El usuario no sabemos cómo va a reaccionar, pero creo que no va a estar dispuesto a asumir ese 30 % de aumento seguido”
Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip
Defensa oficial: no destruirá el empleo
Por su parte, la senadora María José Pizarro salió al paso de las críticas del sector, recordando las advertencias similares de los últimos tres años que no se materializaron, y reiteró su apoyo al decreto al destacar las cifras exactas del nuevo salario mínimo. En su intervención, buscó desmontar los argumentos de los empresarios al afirmar que tales pronósticos de destrucción laboral son infundados.
“Estamos hablando de un millón setecientos cincuenta mil pesos de salario más doscientos cuarenta y nueve mil de subsidio de transporte”
María José Pizarro, senadora
“Dirán, como lo han hecho los últimos tres años, que se avantina la destrucción del empleo en Colombia. Y le repetimos con todas las letras: mentira”
María José Pizarro, senadora
Este pulso entre el Gobierno y el sector privado de seguridad ilustra las tensiones macroeconómicas en Colombia de cara a 2026, donde el equilibrio entre dignificación salarial y viabilidad empresarial se presenta como un desafío clave, especialmente ante la incertidumbre de la reacción de los usuarios y los efectos en cadena sobre el empleo y la economía nacional.
