Las empresas de vigilancia privada en Colombia, representadas por el presidente de la Confederación Nacional de Empresas de Vigilancia Privada (CONFEVIP), Miguel Ángel Díaz, exigen claridad sobre las 18 licencias exprés expedidas en los últimos cuatro años, en medio del escándalo por las presuntas relaciones del general Juan Miguel Huertas del Ejército y Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI, con las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá. El gremio ha presentado una solicitud formal a la Fiscalía y organismos de control para investigar estos trámites y revisar su legalidad, cuestionando la transparencia en las autorizaciones otorgadas durante este período.
El reclamo surge tras denuncias públicas sobre los acercamientos de estos altos funcionarios con estructuras ilegales, lo que ha llevado a la Procuraduría a suspender provisionalmente tanto a Huertas como a Mejía. Este escándalo reciente ha generado dudas sobre la legalidad de los operadores de vigilancia privada, afectando la imagen institucional del sector y poniendo en entredicho la distinción entre empresas cumplidoras e irregulares. Además, se menciona el caso de alias Firu, capturado y luego liberado como supuesto gestor de paz, lo que añade capas de complejidad al contexto de presuntas conexiones con grupos armados.
Demanda de investigación exhaustiva
Miguel Ángel Díaz ha liderado declaraciones públicas instando a las autoridades a actuar con celeridad, destacando la necesidad de diferenciar a las empresas que cumplen la ley de aquellas que podrían estar incurriendo en irregularidades. Hasta el momento, las autoridades no han entregado información detallada sobre las 18 licencias en cuestión, expedidas en un contexto de presunta opacidad que alimenta las sospechas de favoritismos o influencias indebidas vinculadas a las disidencias de alias Calarcá.
“Necesitamos que la Fiscalía investigue alrededor de 18 licencias exprés que se expidieron en los últimos cuatro años. Por eso requerimos claridad y, sobre todo, celeridad en las investigaciones y conclusiones claras de quiénes están incumpliendo la ley y quiénes estamos cumpliendo la ley”
Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP
El gremio de vigilancia privada enfatiza que esta revisión es crucial para restaurar la confianza en el sector y garantizar que solo las empresas idóneas operen bajo las normativas vigentes, en un momento en que el escándalo amenaza con socavar la credibilidad de toda la industria en Colombia.
