Los gremios del sector salud en Colombia, liderados por figuras como Guillermo Alfonso Jaramillo del Ministerio de Salud, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, y Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), junto con Pacientes Colombia, criticaron duramente al Gobierno Petro por el anuncio de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, fijada en más de 101,3 billones de pesos, lo que representa un incremento global del 12,94 por ciento, sin haber considerado el salario mínimo decretado el 29 de diciembre de 2025. El Ministerio de Salud hizo público este comunicado oficial el 30 de diciembre, argumentando que busca cumplir con la Sentencia T-760 de 2008, el Auto 411 de 2016 y los autos 007 y 2049 de 2025, para equiparar la UPC del régimen subsidiado al 95 por ciento del contributivo.
El presupuesto total para el aseguramiento en salud de 2026 asciende a más de 101,3 billones de pesos, frente a los 89,8 billones de 2025, con un aumento superior a los 11,6 billones de pesos. Sin embargo, mientras el régimen subsidiado verá un ajuste del 16,49 por ciento y el contributivo del 9,03 por ciento, los gremios estiman que la necesidad técnica real ronda el 17 por ciento, y el incremento efectivo se reduce a un 4 o 5 por ciento al descontar la inflación proyectada para 2025. Esta disparidad se agrava por el desfase con el salario mínimo recién decretado, lo que genera un rezago actuarial, deudas acumuladas entre aseguradoras y prestadoras de servicios, y pone en jaque la sostenibilidad del sistema, con riesgos de colapso, desfinanciamiento, esperas de hasta 250 días para medicamentos según la Fundación Retorno Vital, y tratamientos efectivos que en 2024 apenas alcanzaron 4,7 meses.
Voces del sector alertan sobre crisis inminente
El mayor proporción del gasto en salud recae en el régimen contributivo, donde la crisis se manifiesta en la reducción de servicios y brechas en la capacidad instalada, exacerbando la inequidad territorial. Los recursos reconocidos a las EPS pretenden reducir las brechas financieras entre regímenes, pero las críticas surgieron inmediatamente tras el decreto del salario mínimo, destacando la falta de traslado obligatorio de estos incrementos a contratos y tarifas con las IPS para equilibrar las variables y mejorar los ingresos de un sector prestador en dificultades.
“Este aumento del 9% es, en realidad, un aumento real del 4 o 5% sobre la base de la inflación para el año 2025. Hay que decir también que estos cálculos, que se hicieron para plantear la necesidad de UPC para el 2026, no contenían el incremento del salario mínimo decretado el día de ayer por el Gobierno nacional”
Ana María Vesga, presidenta de Acemi
“Existe un desfase significativo entre el aumento del salario mínimo y el ajuste aprobado para la UPC, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector prestador de servicios de salud”
Juan Carlos Giraldo, director de Achc
“Pedimos al Gobierno Nacional que reconsidere especialmente la cifra en el régimen contributivo, pero también que expida las circulares que hacen que el incremento sea trasladado de manera obligatoria a los contratos y las tarifas con las IPS, para que se mantenga algún grado de equilibrio entre estas, entre estas variables y se puedan tener unos mejores ingresos para un sector prestador que viene sufriendo dificultades”
Juan Carlos Giraldo, director de Achc
“Atentado contra la vida”
(en referencia al aumento de la UPC del 9,03%), Pacientes Colombia
Estas tensiones subrayan un sistema de salud al límite, donde el impacto en pacientes y prestadores podría profundizarse sin ajustes urgentes, demandando una reconsideración gubernamental para evitar mayores inequidades y colapsos operativos en todo el territorio nacional.
