Los gremios del sector salud en Colombia, encabezados por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), criticaron duramente al Gobierno del presidente Gustavo Petro por la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, anunciada el 30 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Salud bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo. Este ajuste, que establece un incremento global del 12,94% por un valor de 11,6 billones de pesos y eleva el presupuesto de aseguramiento a más de 101,3 billones de pesos frente a los 89,8 billones de 2025, no incorpora el reciente aumento del salario mínimo decretado el día anterior, lo que genera insuficiencia para cubrir inflación, rezagos actuariales y el cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional.
El anuncio, realizado mediante un comunicado oficial del Ministerio de Salud, detalla un alza del 16,49% en la UPC del régimen subsidiado y del 9,03% en el contributivo, cifras que los representantes sectoriales consideran inferiores a la necesidad técnica estimada en alrededor del 17%. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, y Juan Carlos Giraldo, director de Achc, advirtieron que este aumento real se reduce a entre 4% y 5% una vez descontada la inflación de 2025, exacerbando deudas entre aseguradoras e IPS, brechas en el acceso a servicios y esperas de hasta 250 días para medicamentos, según reportes de la Fundación Retorno Vital, donde el tratamiento efectivo en 2024 promedió 4,7 meses. Pacientes Colombia también se sumó a las voces de preocupación por el riesgo de colapso del sistema.
Rezago actuarial y llamado a reconsiderar el ajuste
El desfase entre el incremento salarial y la UPC genera un desequilibrio que amenaza la sostenibilidad de los prestadores de salud, con mayores recursos reconocidos a las EPS en el régimen contributivo pero sin traslados obligatorios a contratos y tarifas con las IPS, lo que agrava la crisis de desfinanciamiento. Este ajuste busca cumplir con la Sentencia T-760 de 2008, el Auto 411 de 2016 y los autos 007 y 2049 de 2025 de la Corte Constitucional, orientados a equiparar la UPC subsidiada al 95% de la contributiva y reducir brechas históricas en el sistema.
“Este aumento del 9% es, en realidad, un aumento real del 4 o 5% sobre la base de la inflación para el año 2025. Hay que decir también que estos cálculos, que se hicieron para plantear la necesidad de UPC para el 2026, no contenían el incremento del salario mínimo decretado el día de ayer por el Gobierno nacional”
Ana María Vesga, presidenta de Acemi
“No reconoce entonces que hay un rezago actuarial muy importante en el sistema, expresado en las enormes deudas que hay entre aseguradoras y prestadoras y en toda la crisis”
Ana María Vesga, presidenta de Acemi
Los líderes gremiales insisten en la urgencia de emitir circulares que obliguen el traslado del incremento a las IPS para equilibrar el sistema y mejorar ingresos en un sector golpeado por dificultades financieras persistentes.
“Existe un desfase significativo entre el aumento del salario mínimo y el ajuste aprobado para la UPC, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector prestador de servicios de salud”
Juan Carlos Giraldo, director de Achc
“pedimos al Gobierno Nacional que reconsidere especialmente la cifra en el régimen contributivo, pero también que expida las circulares que hacen que el incremento sea trasladado de manera obligatoria a los contratos y las tarifas con las IPS, para que se mantenga algún grado de equilibrio entre estas, entre estas variables y se puedan tener unos mejores ingresos para un sector prestador que viene sufriendo dificultades”
Juan Carlos Giraldo, director de Achc
La polémica coincide con el decreto del salario mínimo, subrayando tensiones en un sistema de salud al borde del colapso por deudas acumuladas y acceso desigual, donde el mayor gasto en el régimen contributivo no mitiga los riesgos para pacientes y prestadores en todo el país.
