Los gremios de vigilancia privada en Colombia, representados por la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia y Seguridad Privada (Confevip) y la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (Fedeseguridad), rechazaron de manera contundente la sugerencia del presidente Gustavo Petro de desvincular las tarifas mínimas del sector del salario mínimo legal mensual vigente para 2026, que asciende a 2.000.000 pesos con un incremento del 23,7 por ciento, y en su lugar utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta posición se fundamenta en que la ley obliga a la indexación al salario mínimo para garantizar la protección de los derechos laborales y la sostenibilidad de un sector que emplea a cerca de 400.000 personas en todo el país, según un comunicado emitido por los gremios en respuesta a la circular 2025 1300000115CS de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, publicada el 30 de diciembre de 2025.
La polémica surgió tras la publicación del presidente Petro en la red social X, donde cuestionó los costos del servicio de vigilancia privada y propuso ajustes basados en la inflación para evitar mayores cargas económicas a administradores de edificios, propietarios y comercios contratantes. Los gremios argumentan que esta desvinculación ignoraría la regulación vigente, establecida en normativas como el Decreto Ley 356 de 1994 (artículo 92), los Decretos 73 de 2002, 4950 de 2007 y 1561 de 2022, así como la Resolución 20251000059517CS de 2025, que exigen que las tarifas mínimas cubran no solo el salario mínimo, sino también horas extras, prestaciones sociales, dotación, supervisión y costos operativos, haciendo imposible prestar el servicio por debajo de ese umbral sin violar la ley.
Argumentos económicos y riesgos del sector
En el sector de vigilancia y seguridad privada, los costos laborales representan el 85 por ciento del valor total del servicio, mientras que los márgenes de utilidad no superan el 4 por ciento, lo que deja poco espacio para absorber incrementos tan significativos como el del salario mínimo 2026 sin repercusiones graves. Como referencia, el IPC de 2025 fue del 5,10 por ciento, según datos de peajes de la Agencia Nacional de Infraestructura, una diferencia abismal con el 23,7 por ciento del ajuste salarial. Además, contratar empresas no habilitadas o por debajo de la tarifa mínima expone a los usuarios a multas de entre 20 y 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que los gremios describen como un riesgo mayor que cualquier ahorro aparente, subrayando que tales prácticas podrían derivar en recortes de personal, menor calidad del servicio y problemas legales para todos los involucrados, afectando directamente los ingresos de 400.000 familias dependientes de estas empresas.
“cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“Tomen el índice de inflación como base. Rechacen cualquier empresa empresarial o de la administración del edificio a elevar al costo total de la administración al salario vital”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“afirmar que ‘se gana el doble por vigilante’ es una generalización sin sustento técnico e induce a error a la ciudadanía”
Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada
“contratar por debajo del mínimo no es ahorro: es riesgo”
Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada
Esta confrontación pone en evidencia las tensiones entre las políticas gubernamentales de control de costos y las realidades operativas del sector privado de seguridad, donde las asambleas de copropietarios o contratantes no pueden transgredir las normas mínimas establecidas, lo que podría agravar la sostenibilidad del empleo en un momento de ajustes salariales elevados. Los gremios llaman a respetar la indexación legal para preservar tanto los derechos de los trabajadores como la viabilidad de un servicio esencial para la protección ciudadana en Colombia.
