En la mesa de concertación salarial para 2026, celebrada este 9 de diciembre en Colombia, los gremios empresariales como la Andi, Acopi, Asobancaria y el SAC propusieron un aumento del 7,21 por ciento al salario mínimo, cifra que supera el cálculo técnico del 6,21 por ciento pero queda lejos del 16 por ciento exigido por las centrales obreras. Esta propuesta empresarial, liderada por figuras como Jaime Cabal, presidente de Fenalco, y María Elena Ospina, presidenta de Acopi, busca un equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores, la sostenibilidad de las empresas, la generación de empleo y la formalización laboral, basándose en indicadores de inflación y productividad. Por su parte, representantes de las centrales obreras, como Fabio Arias, presidente de la CUT, mantienen una postura más ambiciosa.
La divergencia en las propuestas resalta la tensión en esta fase decisiva de las negociaciones, donde los empresarios incorporan un punto adicional sobre el cálculo técnico para responder a las necesidades del mercado laboral, mientras las centrales obreras argumentan la erosión del poder de compra debido a la inflación en sectores clave como educación, salud, vivienda y servicios públicos. Jaime Cabal no participó en la mesa al considerar que el Gobierno ya tiene tomada una decisión en torno a un incremento del 11 por ciento, y el Comando Nacional Unitario presentó cuatro propuestas alternativas. En Colombia, de los 23 millones de ocupados, 11,3 millones perciben menos del salario mínimo y solo 2,4 millones lo reciben exactamente, lo que subraya la importancia de estas discusiones para la economía nacional.
Empresarios advierten sobre riesgos de incrementos excesivos
María Elena Ospina, presidenta de Acopi, enfatizó que la propuesta del 7,21 por ciento representa una fórmula responsable tanto para las empresas como para los empleados, y expresó asombro ante la exigencia del 16 por ciento de las centrales obreras, que considera alejada del contexto económico actual del país. «Estamos muy alejados para tener una propuesta conjunta», admitió Ospina, destacando la brecha entre las partes.
«En el contexto económico actual, ofrecer un incremento superior al cálculo técnico implica un esfuerzo considerable; cualquier porcentaje mayor se apartaría de la racionalidad económica y caería en salidas populistas que comprometerían el empleo y la formalización.»
Jaime Cabal, presidente de Fenalco
Jaime Cabal fue aún más crítico con la posición obrera, al afirmar que una propuesta tres veces superior a la inflación proyectada se aleja del comportamiento del mercado laboral y de los criterios técnicos históricos. Además, advirtió que el Gobierno podría imponer un aumento de dos dígitos, lo que traduciría en mayor informalidad y menor capacidad de generación de empleo.
«Como están las cosas, seguramente, el Gobierno terminará imponiendo su deseo populista y demagogo de incrementar en dos dígitos el salario mínimo, lo que se traduce en aumento de la informalidad y menor capacidad de generación de empleo.»
Jaime Cabal, presidente de Fenalco
«Su propuesta, más de tres veces la inflación proyectada, se aleja del comportamiento del mercado laboral y de los criterios técnicos que históricamente han orientado estas negociaciones.»
Jaime Cabal, presidente de Fenalco
Estas declaraciones reflejan los riesgos asociados a incrementos superiores al cálculo técnico, como el aumento de la informalidad y la pérdida de empleos formales, en un escenario donde la concertación busca un consenso que impulse la estabilidad económica sin sacrificar el bienestar de los trabajadores.
