La presidenta de Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, lanzó un fuerte cuestionamiento contra el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Concejo de Bogotá, al considerar que el aumento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero representa un golpe desproporcionado que afectará la competitividad del sistema y, en última instancia, el bolsillo de los ciudadanos. Según los cálculos de Asobancaria, el impacto de la medida superaría los 500.000 millones de pesos para la industria, una cifra que, en opinión de la dirigente gremial, obligará a las entidades a replantear sus estrategias de operación en la capital del país.
La propuesta de la administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, modifica la tarifa del ICA para las actividades financieras, que pasaría de 14 por mil a 20 por mil en 2027, lo que representa un incremento del 42,8 por ciento. Este cambio, que fue aprobado en primer debate por la Comisión de Hacienda del Concejo la semana pasada, se aleja de la propuesta inicial del Distrito, que buscaba fijar la tarifa en 21 por mil y que fue reducida en un punto durante la discusión. La intención del gobierno local es recaudar más de 1,2 billones de pesos anuales con la reforma, argumentando que el sector financiero presenta una tributación efectiva del 6,6 por ciento, inferior al promedio del 9,9 por ciento que registran otras actividades económicas.
Un golpe para el crédito y los usuarios
Las voces críticas no se limitan a la presidenta de Grupo Aval. María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular, también advirtió sobre las consecuencias de la medida, señalando que el encarecimiento del ICA podría trasladarse directamente a las tasas de los créditos y a otros productos financieros, lo que limitaría el acceso a financiación para hogares y empresas. Durante el trámite del proyecto, tanto Asobancaria como Colombia Fintech habían solicitado formalmente que se retirara esta modificación, al considerar que el sector ya enfrenta sobretasas elevadas en otros tributos como el impuesto de renta.
La propia María Lorena Gutiérrez fue contundente al expresar su rechazo, comparando la nueva carga impositiva con la que se aplica a bienes considerados nocivos para la salud. «Es un golpe duro para el sistema financiero. Nos pusieron un ICA parecido al de los cigarrillos y los licores y, pues, nos toca mirar estrategias», afirmó la ejecutiva en declaraciones citadas por Blu Radio, dejando entrever que el sector evaluará alternativas para mitigar el impacto de la decisión.
«Es un golpe duro para el sistema financiero. Nos pusieron un ICA parecido al de los cigarrillos y los licores y, pues, nos toca mirar estrategias»
María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval
La polémica se enmarca en una iniciativa más amplia de la Alcaldía de Bogotá que incluye ajustes a otros tributos y sectores. Mientras las entidades financieras verían incrementada su carga al pasar de 14 a 20 por mil en el primer año, con una progresividad que la reduciría a 19 por mil en el segundo y 18 por mil en el tercero, otros sectores también enfrentan modificaciones: los servicios eléctricos quedarían en 8 por mil, los vehículos híbridos en 10 por mil y el resto de automotores en 11 por mil. La Secretaría de Hacienda defiende el cambio asegurando que, incluso con el aumento, el sector financiero mantendría una tributación efectiva inferior al promedio de la economía, un argumento que no ha logrado disipar las preocupaciones del gremio.
El proyecto continuará su trámite en la plenaria del Concejo de Bogotá, donde se espera un intenso debate en las próximas semanas. Mientras tanto, los representantes del sector financiero insisten en que la medida no solo afectaría la rentabilidad de las entidades, sino que podría tener un efecto adverso sobre la dinámica económica de la ciudad, al encarecer el costo del dinero justo en un momento en que la recuperación crediticia aún se muestra frágil. La decisión que tomen los concejales será clave para definir el rumbo de una reforma que ya genera controversia entre el sector empresarial y el gobierno distrital.
