El Wall Street Journal reveló que los grupos armados ilegales en Colombia han duplicado su tamaño hasta alcanzar los 25.000 miembros en apenas tres años durante el mandato del presidente Gustavo Petro, atribuyendo este crecimiento a fallas en políticas como las treguas que permitieron reclutamiento y fortalecimiento. Esta expansión se ha visto agravada por el uso de drones explosivos para ataques directos contra fuerzas estatales y para eludir la vigilancia en rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos, mientras disputas letales por el control de cocaína y contrabando azotan periferias urbanas como Cali y zonas de producción de hoja de coca.
En respuesta a esta crisis, el gobierno colombiano anunció el 22 de diciembre de 2025 la reanudación de la fumigación aérea de narcocultivos con glifosato mediante drones, una medida impulsada por la presión internacional de Estados Unidos para endurecer las políticas antidrogas ante amenazas a la estabilidad nacional. Las treguas implementadas facilitaron este auge, permitiendo a los grupos no solo reclutar sino también adoptar tecnologías avanzadas como drones para fumigación ilícita y operaciones ofensivas.
Preocupación por la nueva capacidad tecnológica de los grupos
El mayor general Juan Carlos Correa describió el impacto inicial de los ataques con drones como severo, destacando que su aparición repentina representó una capacidad que no estaba en el radar de las fuerzas armadas. Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, calificó esta situación como una nueva y grave amenaza de seguridad, en medio de choques violentos en las periferias de la ciudad por el dominio de rutas de droga.
“Cuando comenzaron los ataques con drones, el impacto fue bastante severo: la aparición repentina de una capacidad que, francamente, no estaba en nuestro radar”
Juan Carlos Correa, mayor general
Cambios en la cúpula militar y contexto histórico
En un esfuerzo por contrarrestar estas dinámicas, el gobierno realizó anuncios en la cúpula militar, designando a Alejandro López Barreto como comandante general, Royer Gómez al mando del Ejército, Carlos Fernando Silva a la Fuerza Aérea y ratificando a Juan Ricardo Rozo en la Armada. Esta medida se enmarca en un historial complicado con la aspersión aérea: suspendida en 2015 por riesgos sanitarios y ambientales, un intento de restablecimiento bajo Iván Duque fue rechazado por la Corte Constitucional, lo que ahora se intenta revertir con drones para minimizar impactos.
“una nueva y grave amenaza de seguridad”
Alejandro Éder, alcalde de Cali
La revelación del Wall Street Journal subraya cómo las políticas de paz total de Petro han coincidido con este fortalecimiento de las organizaciones criminales, planteando interrogantes sobre la efectividad de las treguas y la urgencia de acciones contundentes contra el narcotráfico que protejan tanto la salud pública como la seguridad nacional.
