Los grupos armados ilegales en Colombia duplicaron su número de integrantes durante el gobierno de Gustavo Petro, alcanzando los 28.802 miembros en julio de 2026, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revelado por el diario El Tiempo. Esto representa un incremento de más de 13.000 personas respecto a diciembre de 2022, cuando el presidente asumió el cargo. El estudio analiza la evolución de la seguridad en los cuatro años del mandato petrista y evidencia que, pese a la apuesta por la ‘paz total’, las estructuras armadas ilegales crecieron de manera sostenida, consolidando al menos 14 frentes de confrontación simultánea en regiones como Catatumbo, Cauca, sur de Bolívar, Chocó, Arauca y Antioquia.
El Clan del Golfo, la principal organización criminal del país, pasó de poco más de 4.000 a más de 10.000 miembros, mientras que el ELN y las disidencias de las Farc también aumentaron sus filas. El crecimiento se dio por reclutamiento, aparición de nuevas estructuras y reorganización de antiguas facciones. Grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y los Comuneros del Sur se consolidaron como actores autónomos, diversificando sus economías ilícitas más allá del narcotráfico, incluyendo minería ilegal, extorsión, secuestro, trata de personas y tráfico de migrantes. El control territorial se extendió a minas, pasos fronterizos, ríos y carreteras, mientras el gobierno mantenía mesas de diálogo y ceses al fuego que se fragmentaron o suspendieron, sin frenar la violencia.
Indicadores de violencia y economías ilícitas
Los homicidios cerraron 2025 con 14.038 casos y en el primer semestre de 2026 sumaron 6.919, con una tasa que se mantuvo por encima de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes durante todo el período. Las denuncias de extorsión pasaron de 9.791 en 2022 a 13.417 en 2025, y en el primer semestre de 2026 alcanzaron 6.239, un aumento de casi 60% respecto al mismo período de 2022. Un fenómeno inédito fue el uso de drones armados: entre abril de 2024 y febrero de 2026 se registraron 418 ataques, que dejaron 297 uniformados heridos y 23 asesinados, frente a cero incidentes de este tipo entre 2018 y 2022. En minería ilegal, las intervenciones realizadas entre enero y junio de 2026 sumaron 3.933, casi triplicando las de comienzos del gobierno.
Salida de altos mandos y desafíos institucionales
Al cierre del período presidencial, más de 80 generales y almirantes dejaron sus cargos, lo que alteró la estructura de mando militar y policial en un contexto de fortalecimiento de los grupos ilegales. Analistas señalaron que la salida de oficiales con experiencia en inteligencia y planeamiento estratégico complicó la respuesta institucional frente a una amenaza que se ha vuelto más diversa y descentralizada. La FIP concluye que la política de ‘paz total’, aunque mantuvo diálogos con el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, no logró frenar el crecimiento armado ni contener la expansión territorial sobre economías ilícitas, dejando a Colombia con un panorama de seguridad más complejo que al inicio del gobierno de Gustavo Petro.
