El bombardeo aerotransportado ejecutado por las Fuerzas Militares en el departamento del Guaviare, tras la muerte de siete menores, podría haber violado el Derecho Internacional Humanitario debido a la presencia de menores entre el grupo y a la omisión o permisividad del Estado, según la lectura de Infobae Colombia con crédito de Europa Press. En el operativo, que dirigía una agrupación armada de aproximadamente 150 integrantes, se registró la muerte de siete menores y se menciona la posibilidad de que unos 20 soldados estén expuestos a emboscadas, datos que subrayan la complejidad de decidir entre el uso de la fuerza y la protección de menores. Aunque la fecha exacta no está especificada en el material, el hecho ocurrió en el contexto del Guaviare, en Colombia.
Entre las voces que analizan el caso, destaca Mario Urueña, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien afirma que los derechos del niño priman sobre los de los demás y que hay que cuidar las normas que protegen a menores cuando se mira la posibilidad de uso de la fuerza. Urueña señala que existen indicios de presencia de menores entre los 150 integrantes del grupo armado y que, si se prueba esa situación, la autoridad debe evaluar otras opciones ante la decisión de bombardear. Según la revisión de Infobae Colombia, con crédito de Europa Press, la conversación jurídica se intensifica alrededor de si el ataque podría considerarse lícito o no. «Recordemos aquí, todo lo que se diga de parte de cualquier persona, salvo que haya sido el comandante de la operación, es netamente especulativo y se parte de supuestos», advierte. Urueña también propone que, en vez de bombardeos, podrían emplearse incursiones en tierra o el uso de francotiradores para distinguir entre menores y otros combatientes. «Al entrar en esta participación directa en hostilidades, los no combatientes pierden su protección», enfatiza, y señala que en la balanza pesa la vida de unos veinte soldados que podrían verse amenazados frente a la protección de niños y adolescentes. No obstante, Urueña reconoce que, aunque objetivamente el hecho podría ser considerado una violación, existen atenuantes relacionados con estados de necesidad o legítima defensa que deben tomarse en cuenta al imputar responsabilidades.
Contexto jurídico y debate internacional
En el plano legal, el caso se ancla en el marco del Derecho Internacional Humanitario y la protección de la infancia, citando la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y su Protocolo facultativo ratificado por Colombia mediante la Ley 833 de 2003; la interpretación del ataque podría evaluarse bajo criterios de estado de necesidad o legítima defensa si se acreditan circunstancias que lo justifiquen, según el análisis citado. La nota contextual de Infobae Colombia, con crédito Europa Press, sitúa esta situación dentro de un intenso debate sobre la posible responsabilidad del Estado por omisión o permisividad frente al reclutamiento de menores y sobre acciones internacionales posibles ante un escenario de uso de la fuerza. En este marco, se mueven críticas a la gestión del presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa Pedro Sánchez, así como a Iván Mordisco, líder de las facciones del grupo armado, en un contexto que podría derivar en ajustes normativos y reacciones políticas ante la delicada disputa por la distinción y la proporcionalidad en el DIH.
«Los derechos del niño priman sobre los de los demás» – Mario Urueña, profesor
El impacto de este caso mantiene activa la discusión sobre la responsabilidad del Estado por omisión o permisividad frente al reclutamiento de menores y sobre las opciones de uso de la fuerza que salvaguarden la distinción entre combatientes y menores, así como la necesidad de proporcionalidad en todas las operaciones militares. La fecha exacta del suceso no ha sido difundida, y la cobertura continúa enfocando el análisis jurídico y las posibles implicaciones internacionales, con seguimiento de la opinión pública y de las decisiones institucionales que podrían surgir respecto a Petro, al ministro de Defensa y a Iván Mordisco dentro del marco legal y humanitario vigente.
