La Veintitrés Manizales informa sobre un choque público que pone a prueba los límites entre ética y derecho en el escenario político colombiano. Gustavo Bolívar cuestionó la ética del abogado Abelardo de la Espriella y citó declaraciones pasadas, advertiendo que esa postura podría encender alarmas para quien aspire a regir el país. En su análisis, el exsenador y escritor recordó una entrevista de 2015 en RCN Radio para subrayar que la frontera entre ética y derecho no es meramente teórica, sino que condiciona la vida cívica y las decisiones que afectan a las comunidades y al conjunto del sistema político.
Entre los antecedentes que rodean a este debate, De la Espriella defendió al magistrado Jorge Pretelt y se le atribuyen acusaciones de haber buscado un soborno de 500 millones de pesos al abogado Víctor Pacheco, representante de Fidupetrol, con la presunta finalidad de influir en una decisión de la Corte Constitucional para favorecer una tutela que eximiría a Fidupetrol de una sanción de 22.500 millones de pesos impuesta por la Gobernación de Casanare. Bolívar cita esas declaraciones del abogado y recuerda frases públicas que, según él, evidencian una lectura del derecho que se aleja de la ética: “La ética no tiene nada que ver con el derecho” y “Voy a destripar a la izquierda”.
Bolívar despliega en su visión un argumento claro: desconocer las bases éticas que debe sostener el derecho permite extender esta peligrosa patente de corzo a la política para defender intereses oscuros, y añade que “Que ese sea el pensamiento de una persona que aspira a regir los destinos de toda una nación sí debería encender las alarmas”. Estas ideas, sostiene, no solo cuestionan a un individuo sino que alimentan un debate público sobre la integridad de actores jurídicos y su influencia en decisiones políticas de alto impacto.
En el marco de estas afirmaciones, Bolívar ha destacado avances vinculados a la restitución de tierras y ha aludido a cifras relevantes para el debate: más de 700.000 hectáreas devueltas a campesinos, comunidades étnicas e indígenas afectadas por la violencia durante el periodo de la administración de Petro, y la mención de un millón de hectáreas como referencia de tierras fértiles en contextos de reformas agrarias. Todo ello se enmarca en un contexto de discusión nacional sobre políticas de tierras y derechos de las comunidades, con especial atención a la protección de beneficiarios de restitución ante posibles cambios administrativos.
Impacto en el debate público y escenarios futuros
La discusión reabre un primer plano sobre los límites éticos del ejercicio jurídico y la influencia de figuras del derecho en la arena política, especialmente en temas de tierras y reformas. Bolívar vincula la ética del derecho con la política y alerta sobre posibles retrocesos si la derecha regresa al poder en 2026, subrayando la necesidad de transparencia institucional y de mantener protegidos los derechos de quienes se beneficiaron de la restitución de tierras ante cualquier nuevo ciclo de políticas públicas. En este marco, el escrutinio sobre actores judiciales y sus declaraciones cobra relevancia para la confianza ciudadana y la gobernabilidad.
«Que ese sea el pensamiento de una persona que aspira a regir los destinos de toda una nación sí debería encender las alarmas» – Gustavo Bolívar, exsenador y escritor
La cobertura continúa con un seguimiento de estas ideas y su impacto en el debate público, con foco en cómo estas declaraciones influyen en la construcción de políticas y en la percepción ciudadana sobre la integridad de los actores clave del ámbito jurídico y político. Transparencia institucional y la protección de los derechos de quienes se benefician de la restitución de tierras siguen siendo prioridades para organizaciones civiles ante posibles cambios administrativos.
