El presidente Gustavo Petro Urrego pidió perdón y reconoció la responsabilidad del Estado en el genocidio contra la Unión Patriótica en un acto oficial celebrado en Santa Marta, Atlántico, el 9 de noviembre, durante la IV Cumbre CELAC-EU, tras una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Unión Patriótica nació en 1985 como resultado del proceso de paz entre las antiguas FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancur; su objetivo era dar voz a excombatientes, pero enfrentó persecución y violencia en los años 80 y 90. Virgilio Barco dejó el poder en 1986 y la violencia contra la UP se intensificó. En 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la responsabilidad en el genocidio contra la UP, y la ceremonia de Santa Marta se inscribe en el cumplimiento de esa decisión. En el marco de estas derivaciones, las víctimas documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se sitúan en al menos 5.733, mientras que otras organizaciones señalan cifras que superan los 6.000. El recuento por cargo muestra que 5 congresistas, 11 diputados, 109 concejales, 8 alcaldes y 8 exalcaldes figuran entre las víctimas identificadas.
El peso histórico y las implicaciones del reconocimiento
Desarrollado en el contexto de la IV Cumbre de la CELAC con la Unión Europea, este acto de reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado podría abrir rutas de verdad y reparación para las víctimas y establecer un precedente institucional en materia de derechos humanos en el país. La CIDH había señalado la participación activa de agentes estatales, directa o por tolerancia, en los hechos, y ese hallazgo se sustenta en un marco histórico que abarca varias décadas y que afectó a militantes y simpatizantes de la UP.
«Hoy reconozco la responsabilidad del Estado y pido perdón por el genocidio de la Unión Patriótica.»
Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia
Este momento, según analistas y defensores de derechos humanos, puede contribuir a procesos de verdad y reparación, fortaleciendo la memoria histórica y sentando un precedente para futuras políticas de Estado frente a violaciones graves de derechos humanos. Aunque la ceremonia se inscribe en una cumbre internacional, su impacto se proyecta hacia dentro de las políticas nacionales, con la expectativa de avances en medidas de reparación y en el reconocimiento público de las víctimas que, según las cifras, superan los 6.000 según diversas fuentes, y que incluyen a personas que fueron víctimas por su condición de militantes o simpatizantes de la UP.
