El presidente Gustavo Petro quedó incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y la medida implica el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense así como la prohibición de transacciones financieras con entidades o ciudadanos de ese país. Petro la calificó como una “estrategia electoral” y sostuvo que se trata de una intervención destinada a influir en el proceso democrático, mientras defiende la soberanía nacional. Acompañaron al mandatario la Primera Dama Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, quienes rechazaron la acción y remarcaron la defensa de la independencia de Colombia, al tiempo que Juan Manuel Galán lanzó críticas sobre el uso de sanciones en el ámbito interno. En el plano internacional, analistas y agencias destacaron que la noticia podría afectar las relaciones bilaterales, con cobertura de Reuters y AP y análisis en The Washington Post y The New York Times que subrayan la rareza de sancionar a un jefe de Estado aliado y advierten sobre una posible degradación de la relación con la administración de Joe Biden.
Petro afirmó que la inclusión obedecía a una “amenaza” del senador Bernie Moreno y afirmó que Donald Trump intenta interferir en las elecciones colombianas para favorecer a aliados vinculados con mafias. También cuestionó que la banca nacional acate con rapidez medidas que, en su lectura, solo afectan a entidades estadounidenses, a las que definió como “colonialismo empresarial”. En su discurso, el presidente dejó claro que “Tienen tanto poder, que logran poner entre mafiosos a quien investigó a los asesinos de tu padre Galán” y añadió mensajes como “Al pueblo colombiano le digo que no se deje chantajear. Este es el momento de ganar la soberanía nacional y ser libres” y “Quieren una Latinoamérica abierta a sus negocios y su aliado es la misma mafia latinoamericana”. Su entorno, incluido Verónica Alcocer y Benedetti, difundió pronunciamientos en defensa de la soberanía, mientras Galán ofreció una lectura crítica de la medida y advirtió sobre sus consecuencias para la gobernabilidad y la estabilidad nacional.
La respuesta oficial y el debate sobre el uso de la OFAC
La OFAC no especifica montos monetarios en la medida, pero describe sanciones que implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras con entidades o ciudadanos de Estados Unidos, detalles que ya alimentan el debate sobre si estas herramientas operan como instrumentos políticos o como respuestas a delitos. A nivel internacional, Reuters y AP titularon la noticia de sanciones; The Washington Post destacó la degradación de las relaciones bilaterales; The New York Times señaló la rareza de sancionar a un jefe de Estado aliado y aludió a una tensión creciente con la administración de Biden, contextos que enriquecen la conversación en la opinión pública colombiana.
«Se trata de extorsionar las posiciones soberanas de un presidente para acomodarlas a la voluntad de otro que domina el procedimiento. A eso se le llama imperialismo y colonia» – Gustavo Petro, Presidente de Colombia
En el cierre, el debate se concentra en la legitimidad de la OFAC como herramienta de política exterior y en el futuro de la relación entre Colombia y Estados Unidos, con la mirada puesta en la estabilidad económica y la credibilidad internacional. Analistas y autoridades locales coinciden en que, más allá de la sanción aislada, revivirá la discusión sobre soberanía, gobernabilidad y la manera en que el país debe afrontar presiones externas sin comprometer su autonomía ni la confianza de inversores y ciudadanos.
