El Ministerio de Hacienda de Colombia, a través de su Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, ordenó el pago de las obligaciones de la deuda pública correspondientes al período del 1 al 28 de febrero de 2026, que incluyen amortizaciones, intereses y comisiones, mediante la Resolución 0231 emitida el 30 de enero de 2026. En el mismo acto administrativo, autorizó la contratación de nuevos empréstitos externos por un valor aproximado de 910.287 millones de pesos, equivalentes a 252 millones de dólares, destinados a financiar proyectos ambientales y sostenibles en el país.
Estos pagos abarcan compromisos adquiridos con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial a través de Birf, la Agencia Francesa de Desarrollo, así como con inversionistas internacionales, tenedores de bonos globales y de Títulos de Tesorería (TES). La medida forma parte de los actos administrativos habituales en la gestión financiera del Estado colombiano y busca cumplir fielmente con las obligaciones frente a estos acreedores, aunque los valores finales podrían ajustarse según las cuentas de cobro definitivas.
Nuevos créditos con bancos multilaterales
Entre los nuevos financiamientos aprobados destacan el préstamo por 75 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que cuenta con un plazo de 17 años incluyendo 4 de gracia, y otro por 150 millones de euros con el banco alemán KfW, con un plazo de 14 años y pagos semestrales que iniciarán en noviembre de 2028 y se extenderán hasta 2040. Estas autorizaciones se enmarcan en el cupo de endeudamiento externo establecido por el Conpes de 2024 por 5.000 millones de dólares, así como en las aprobaciones previas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, dejando aún un margen disponible en dichos cupos para futuras operaciones.
Con estas decisiones, el Gobierno nacional refuerza su capacidad para honrar la deuda pública mientras invierte en iniciativas clave para la sostenibilidad ambiental, en un contexto de manejo responsable de las finanzas públicas que prioriza el cumplimiento de compromisos internacionales y el apoyo a proyectos de impacto positivo en el desarrollo del país.
