El Ministerio de Hacienda, liderado por el ministro Miguel Gómez Martínez, dio un aval parcial a las modificaciones del Presupuesto General de la Nación para 2027, manteniendo el monto total en 634,9 billones de pesos. La decisión redistribuye recursos hacia salud, justicia y deporte, pero deja por fuera solicitudes clave como los 20 billones de pesos para damnificados del terremoto del 10 de agosto de 2026 —cuyos daños preliminares ascienden a cerca de 30 billones— y 15 billones adicionales para defensa. La ponencia aprobada pasará a primer debate en las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República.
El presupuesto se divide en un 62 % para funcionamiento, que equivale a 392,6 billones de pesos; un 24 % para el servicio de la deuda, con 155,4 billones; y un 14 % para inversión, que suma 87 billones. En total, los congresistas presentaron 615 proposiciones que demandaban 111,6 billones de pesos adicionales, pero el 66 % de esas solicitudes no contaban con fuente de financiación, lo que limitó su inclusión. El Ministerio respaldó los ajustes incorporados en la ponencia, mientras que aquellas propuestas sin respaldo fiscal quedaron como constancias para análisis futuro.
Adiciones y recortes aprobados
Entre los cambios avalados se destinan 2 billones de pesos adicionales al sector salud, 100.000 millones a la Rama Judicial y 99.100 millones a Deporte y Recreación. En contrapartida, se aprobaron recortes por 170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (JEP), justificados por el plan de austeridad del Gobierno; 15.600 millones a un proyecto de inversión de la Aeronáutica Civil; y 13.500 millones al Departamento Nacional de Planeación.
Quedaron excluidas —además de las partidas para damnificados y defensa— solicitudes por 13,9 billones adicionales para salud, 500.000 millones para transporte, 149.371 millones para soluciones energéticas, 130.810 millones para la Defensoría del Pueblo, 55.530 millones para la Universidad del Ministerio Público, 44.344 millones para la Superintendencia del Subsidio Familiar y 300.000 millones para el Consejo Nacional Electoral. También fueron rechazadas tres propuestas de la senadora Andrea Padilla: 49.000 millones para sustituir vehículos de tracción animal, 32.000 millones para esterilización animal y 12.900 millones para rescate animal; así como 50.000 millones para la Universidad del Valle.
El senador Christian Garcés, del Centro Democrático, había propuesto recortar 20 billones del servicio de la deuda mediante la renegociación de pagos de capital para atender a los damnificados del terremoto, iniciativa que no prosperó. Por su parte, el senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo planteó 15 billones para Defensa, incluyendo 2,8 billones para el Proyecto Escudo Antidrones, también sin respaldo. La redistribución prioriza salud, justicia y deporte, pero deja al descubierto necesidades sectoriales que, según los congresistas, requerirán nuevas discusiones en el trámite legislativo.
